Una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) reclama la derogación del Real Decreto 666/2023 y cambios en la legislación sobre medicamentos veterinarios. La campaña sostiene que la regulación actual limita la capacidad de prescripción de los profesionales, dificulta el acceso a determinados tratamientos y puede generar sobrecostes para las familias. El plazo para reunir los apoyos necesarios termina este mes de noviembre.
El colectivo veterinario ha puesto en marcha una movilización ciudadana para modificar la normativa que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España. La iniciativa, promovida por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y gestionada a través de la plataforma Boreal, necesita reunir 500.000 firmas válidas para que su propuesta pueda continuar la tramitación parlamentaria.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) plantea modificar el Real Decreto Legislativo 1/2015 y derogar el Real Decreto 666/2023, aprobado en julio de ese año. Su objetivo principal es recuperar un mayor margen de actuación de los veterinarios en la prescripción y acceso a los medicamentos que necesitan los animales bajo su atención.
Según los promotores, la normativa vigente limita la capacidad de los profesionales para decidir y facilitar los tratamientos de acuerdo con su criterio clínico. También cuestionan que la dispensación de medicamentos se canalice principalmente a través de las farmacias, un sistema que, a su juicio, no siempre garantiza la disponibilidad inmediata de los productos ni cuenta con la especialización necesaria en farmacología veterinaria.
El acceso a los tratamientos, en el centro del debate
CEVE sostiene que las restricciones introducidas por el Real Decreto 666/2023 han generado dificultades en el acceso a determinados medicamentos, problemas de abastecimiento, incrementos de costes y una mayor carga burocrática para los profesionales.
La organización promotora recuerda que, antes de la aplicación de esta regulación, una parte importante de los medicamentos veterinarios se distribuía directamente desde clínicas y centros especializados. Según los datos recogidos en la plataforma Boreal, ese canal representaba el 76 % de la distribución, una práctica que, afirman, es habitual en buena parte de los países de la Unión Europea.
La reivindicación no se limita a una cuestión de organización profesional. Sus impulsores consideran que las dificultades para obtener determinados medicamentos pueden retrasar tratamientos y repercutir directamente en la salud de los animales, además de incrementar el gasto de las familias que conviven con ellos.
El debate enfrenta, por tanto, dos cuestiones que deben encontrar un equilibrio: garantizar un control riguroso del uso de los medicamentos y permitir que los veterinarios puedan desarrollar su labor clínica con los medios necesarios para ofrecer una atención eficaz.
Una iniciativa que afecta también a los propietarios de animales
La campaña recuerda que la regulación del medicamento veterinario no es un asunto que afecte exclusivamente a los profesionales. Las decisiones sobre prescripción, dispensación y disponibilidad de tratamientos tienen consecuencias para los propietarios de animales de compañía y también para quienes dependen de la atención veterinaria en el ámbito ganadero.
La plataforma Boreal sostiene que la normativa afecta directamente a un porcentaje muy amplio de los hogares españoles. Su argumento es que cualquier obstáculo que dificulte el acceso a un tratamiento puede traducirse en desplazamientos adicionales, demoras y un mayor desembolso económico.
La ILP pretende que el veterinario recupere un papel central en la gestión del medicamento destinado a la salud animal, defendiendo que sea su conocimiento clínico el que determine la opción terapéutica más adecuada, dentro de las garantías de seguridad y uso responsable.
Últimos días para alcanzar las 500.000 firmas
La iniciativa necesita reunir medio millón de firmas válidas de ciudadanos españoles mayores de edad y con derecho a voto para poder ser presentada ante el Congreso de los Diputados.
La recogida se encuentra en su fase final. La Junta Electoral Central fija el 10 de noviembre de 2026 como fecha límite para presentar los apoyos, por lo que los promotores han intensificado el llamamiento a la ciudadanía y al propio colectivo veterinario.
La plataforma Boreal permite firmar mediante certificado digital o solicitar pliegos oficiales para recoger firmas en papel. Cada pliego contiene diez espacios y, una vez cumplimentado, debe remitirse siguiendo las instrucciones facilitadas por la organización.
La ILP constituye una vía de participación ciudadana que permite trasladar una propuesta legislativa al Congreso cuando alcanza el número de apoyos exigido. Conseguir las firmas no supone la aprobación automática de la reforma, pero sí permite que la iniciativa avance y pueda ser debatida en sede parlamentaria.
La campaña plantea una reivindicación que trasciende los intereses laborales del sector: cómo garantizar que los animales reciban los medicamentos adecuados, en el momento necesario y bajo la supervisión del profesional que conoce su estado de salud.
Las personas que quieran respaldar la iniciativa pueden consultar sus objetivos y participar en la recogida de firmas a través de la página habilitada por Boreal: https://www.boreal.es/ilp/veterinarios.
