El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, apuesta por combinar investigación científica, asesoramiento jurídico y métodos sostenibles para gestionar la fauna salvaje, frente a modelos basados exclusivamente en abatir animales.
La firma se ha anunciado coincidiendo con la celebración en Mataró del II Congreso de Derechos de los Animales de la Abogacía Catalana, que ha reunido a más de un centenar de profesionales del ámbito jurídico y especialistas en protección animal.
Ciencia y derecho para una gestión más sostenible
El convenio recupera y actualiza la colaboración iniciada en 2016 entre ambas instituciones. La UAB compartirá estudios, avances y resultados de sus investigaciones, mientras que el CICAC aportará asesoramiento jurídico e institucional y apoyará las iniciativas conjuntas.
El acuerdo también contempla el intercambio de información científica, técnica y jurídica, la elaboración de recomendaciones y propuestas y la interlocución con las administraciones públicas para favorecer modelos de gestión basados en criterios científicos, éticos y sostenibles.
La iniciativa parte de la necesidad de abordar la presencia de jabalíes en ciudades y zonas periurbanas mediante estrategias que no dependan exclusivamente de la eliminación de ejemplares. La búsqueda de soluciones exige tener en cuenta tanto la seguridad y la convivencia ciudadana como el bienestar de los animales y el equilibrio de los ecosistemas.
La inmunocontracepción, una de las vías de investigación
La Facultad de Veterinaria de la UAB cuenta con experiencia en el estudio de alternativas no letales, entre ellas la inmunocontracepción, una técnica destinada a reducir la capacidad reproductiva de los animales mediante tratamientos específicos.
La universidad inició en 2016 un proyecto piloto para estudiar la viabilidad de este método en poblaciones de jabalíes urbanos y periurbanos. Los resultados publicados posteriormente apuntaron a una posible eficacia, especialmente en ejemplares jóvenes. No obstante, su aplicación requiere seguimiento científico y una estrategia de gestión sostenida, por lo que no constituye una solución inmediata ni universal para todas las situaciones.
Entre las medidas complementarias que se plantean figuran limitar el acceso de los animales a residuos y fuentes de alimento, evitar que la ciudadanía alimente a la fauna salvaje y adaptar el entorno urbano para reducir los factores que favorecen su presencia.
El objetivo es actuar sobre las causas que facilitan la expansión de estas poblaciones, en lugar de recurrir repetidamente a medidas de eliminación sin una estrategia preventiva de largo plazo.
Una respuesta que requiere coordinación institucional
El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, y busca reforzar la colaboración entre investigación científica, asesoramiento jurídico y administraciones públicas.
La gestión de los jabalíes plantea desafíos relacionados con la seguridad vial, los daños agrícolas, la convivencia en zonas habitadas y los riesgos sanitarios. Por ello, las instituciones firmantes consideran necesario combinar el conocimiento científico con marcos jurídicos adecuados y políticas públicas estables.
El acuerdo representa un paso hacia un debate más amplio sobre cómo gestionar la fauna salvaje en territorios cada vez más humanizados. Su principal desafío será trasladar los resultados de la investigación a medidas concretas, evaluables y sostenidas en el tiempo, capaces de reducir los conflictos sin convertir la eliminación sistemática de animales en la única respuesta disponible.
