Hay tradiciones que merecen ser conservadas porque forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad colectiva y de nuestro patrimonio cultural. Pero ninguna tradición puede convertirse en una justificación para infligir sufrimiento a un ser vivo. Las peleas de gallos son una de esas prácticas que deberían quedar definitivamente atrás. No existe argumento cultural o histórico que pueda justificar que dos animales sean enfrentados deliberadamente para que se agredan, se hieran y, en ocasiones, mueran ante la mirada de quienes encuentran entretenimiento en esa violencia.
En pleno siglo XXI, cuando la sociedad ha avanzado en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y en la necesidad de garantizarles protección y bienestar, resulta difícil explicar que todavía existan normas legales que mantengan excepciones para permitir las peleas de gallos en determinados territorios. Andalucía y Canarias conservan disposiciones que, aunque diferentes en su alcance, mantienen abierta una puerta que debería haberse cerrado hace mucho tiempo.
Desde el Instituto de Seguridad Pública y Protección Animal (ISPPA) consideramos necesario abordar esta contradicción normativa y promover la revisión y derogación de las disposiciones que todavía amparan esta actividad.
Una tradición no puede justificar el sufrimiento
La defensa de las peleas de gallos suele apoyarse en argumentos relacionados con la tradición, la cultura o la conservación de determinadas razas. Sin embargo, ninguno de ellos responde a la cuestión fundamental: ¿qué justificación puede tener organizar el enfrentamiento de dos animales para convertir su violencia en un espectáculo?
Los gallos son animales capaces de experimentar dolor, miedo y estrés. Su integridad física y su bienestar no pueden quedar subordinados a la voluntad humana de organizar combates. La agresividad natural de determinadas especies tampoco puede utilizarse como excusa para provocar enfrentamientos, preparar a los animales para ellos o convertir sus lesiones en parte del entretenimiento.
No estamos ante una actividad inocua ni ante una simple exhibición de animales. Estamos ante una práctica basada en el enfrentamiento físico deliberado, con el consiguiente riesgo de heridas, lesiones graves y muerte. La crueldad no desaparece porque el espectáculo tenga una larga historia o porque se desarrolle dentro de unas instalaciones autorizadas.
La situación normativa en nuestro país presenta particularidades únicamente en Andalucía y Canarias.
- En Andalucía, la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, prohíbe expresamente las peleas de perros y de cualquier otro animal, así como otras prácticas similares. Sin embargo, su artículo 4.2.c contempla una excepción para las peleas de gallos vinculadas a la selección de cría destinada a la mejora de la raza y su exportación, siempre que se realicen en criaderos y locales autorizados y con la única asistencia de sus socios. Se trata de una excepción específica que merece una revisión profunda para evitar que pueda servir de cobertura a prácticas incompatibles con la protección animal.
- En Canarias, la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, mantiene una excepción más explícita. Su artículo 5 permite la celebración de peleas de gallos en aquellas localidades donde tradicionalmente se hayan venido realizando, siempre que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas la antigüedad de las instalaciones, la celebración en recintos cerrados y la prohibición de acceso a menores de dieciséis años.
Resulta especialmente significativo que la propia exposición de motivos de la ley canaria reconozca que las peleas de gallos son tradiciones cruentas e impropias de una sociedad moderna y evolucionada. Incluso plantea su desaparición natural mediante restricciones destinadas a impedir su expansión y transmisión a las nuevas generaciones.
Han transcurrido más de tres décadas desde la aprobación de aquella norma. La pregunta es inevitable: si la propia ley reconocía entonces el carácter cruel de esta actividad y la necesidad de favorecer su desaparición, ¿qué razones justifican que siga manteniéndose esta excepción?
La legislación de protección animal debe avanzar sin contradicciones
La aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, representa un avance en el reconocimiento jurídico de los animales como seres sintientes y en la lucha contra el maltrato. Su artículo 24 establece obligaciones generales de trato respetuoso hacia los animales incluidos en su ámbito de aplicación y prohíbe utilizarlos en peleas. Además, el artículo 75 considera infracción muy grave el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas.
Es importante precisar que esta ley estatal no se aplica a todos los animales por igual: excluye, entre otros, a los animales de producción, que quedan sometidos a su normativa específica. Por eso, no basta con invocar genéricamente la Ley 7/2023 para afirmar que todas las excepciones autonómicas han quedado automáticamente derogadas. Precisamente esa fragmentación normativa hace todavía más necesaria una revisión legislativa que elimine los espacios de permisividad.
La protección animal no puede depender de la comunidad autónoma en la que se encuentre un animal ni de que una práctica violenta haya conseguido sobrevivir bajo la etiqueta de tradición.
La responsabilidad de las administraciones públicas
Las administraciones tienen la obligación de adaptar sus normas a los avances científicos, éticos y sociales. No pueden limitarse a mantener disposiciones heredadas de otras épocas cuando existen razones suficientes para revisar su compatibilidad con los principios actuales de bienestar animal.
Por ello, desde ISPPA consideramos necesario que los parlamentos de Andalucía y Canarias aborden la modificación de sus respectivas leyes de protección animal para eliminar las excepciones que permiten las peleas de gallos. También resulta oportuno que se revisen las disposiciones reglamentarias relacionadas con esta actividad, garantizando que no exista ninguna vía para organizar, autorizar o encubrir enfrentamientos entre animales.
Esta revisión debe acompañarse de mecanismos eficaces de inspección y vigilancia, así como de formación para los profesionales encargados de hacer cumplir la legislación de protección animal, especialmente los servicios policiales.
El respeto a los animales también define a una sociedad.
No podemos construir una sociedad comprometida con la protección de los animales mientras seguimos tolerando que algunos de ellos sean utilizados como instrumentos de entretenimiento a través de la violencia.
La cultura no permanece inmóvil. Evoluciona con el conocimiento, con la sensibilidad social y con los valores que una comunidad decide defender. Tradiciones que en otros tiempos fueron aceptadas han dejado de tener cabida cuando se ha comprendido el sufrimiento que provocaban. Las peleas de gallos deben formar parte de ese pasado.
No se trata de perseguir a quienes mantienen determinadas aficiones ni de despreciar la historia de las comunidades en las que estas prácticas han existido. Se trata de establecer un límite ético y jurídico claro: ningún animal debe ser obligado a luchar para satisfacer el entretenimiento humano.
Desde el Instituto de Seguridad Pública y Protección Animal defendemos que la protección de los seres sintientes debe prevalecer sobre cualquier costumbre que implique sufrimiento injustificado. La derogación de las excepciones legales que todavía permiten las peleas de gallos en Andalucía y Canarias constituiría un paso coherente con los principios de bienestar animal que nuestra sociedad dice defender.
Una sociedad avanzada no demuestra su modernidad conservando todas sus tradiciones, sino teniendo la capacidad de abandonar aquellas que se sostienen sobre el sufrimiento de otros seres vivos.
