Las organizaciones animalistas ARDE y Satya Animal han denunciado ante la Fiscalía de Baleares presuntas irregularidades en una explotación avícola de Manacor con capacidad para unas 40.000 gallinas ponedoras. Las grabaciones aportadas muestran, según las entidades, aves con lesiones graves, cadáveres en distintos estados de descomposición, acumulaciones de excrementos y presencia de insectos. El Govern ha enviado técnicos a las instalaciones y ha abierto una investigación para determinar si procede iniciar nuevos expedientes administrativos.
La explotación avícola de Mirabó, situada en el municipio mallorquín de Manacor y gestionada por Avícola Ballester a través de Avícola Son Perot, vuelve a situar las condiciones de las macrogranjas bajo el foco público. Las imágenes obtenidas por las organizaciones ARDE y Satya Animal durante una investigación realizada el pasado mes de julio muestran, según su denuncia, gallinas con heridas abiertas, pérdida de plumaje y posibles problemas de salud, junto a cadáveres en diferentes estados de descomposición.
En las grabaciones también se observan excrementos acumulados, suciedad en las instalaciones, cucarachas y otros indicios que las entidades consideran incompatibles con unas condiciones adecuadas de higiene y bienestar animal. Las organizaciones sostienen que no se trataría de un episodio aislado, sino de una situación que podría haberse prolongado en el tiempo.
La documentación incluye un informe pericial veterinario que analiza grabaciones realizadas en tres fechas distintas, separadas por seis días. Según las conclusiones recogidas en ese informe, la reiteración de las imágenes y la coexistencia de animales lesionados, cadáveres y deficiencias higiénicas plantearían posibles incumplimientos de las obligaciones legales de cuidado, limpieza y retirada de animales muertos.
Las denuncias deben ser investigadas por las autoridades competentes, que tendrán que determinar si los hechos observados constituyen infracciones administrativas o pudieran tener otras consecuencias legales.
Una empresa que vuelve a estar bajo escrutinio
El caso de Mirabó recuerda al de otra explotación del mismo grupo empresarial en Llucmajor, donde en 2025 salieron a la luz imágenes de graves deficiencias en las condiciones de las gallinas.
A raíz de aquel caso, el Govern balear impuso una sanción de 200.100 euros por siete infracciones graves y una leve. La explotación tuvo que reducir su capacidad, pasando de cerca de 136.000 gallinas ponedoras a unas 40.000 para ajustarse a la normativa autonómica.
El procedimiento relacionado con la denuncia penal de aquel caso quedó pendiente de revisión judicial después de que se apreciaran infracciones administrativas ya sancionadas. Además, el sello de bienestar animal Welfair de la granja de Llucmajor fue suspendido durante el verano de 2025, según la información publicada por elDiario.es.
Las nuevas imágenes de Manacor han reavivado las críticas de las organizaciones animalistas, que consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para evitar que se repitan situaciones similares.
Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal, ha señalado las semejanzas entre las grabaciones de Mirabó y las que motivaron las denuncias del año anterior. Las entidades reclaman que las administraciones comprueben de forma exhaustiva las condiciones de la explotación y adopten medidas si se confirman las irregularidades.
El Govern investiga las instalaciones
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha enviado técnicos a la explotación para examinar su situación y valorar si las imágenes justifican la apertura de expedientes administrativos.
El conseller Joan Simonet explicó que las dos naves de Mirabó se encontraban vacías desde hacía aproximadamente diez días. Según la información trasladada por la empresa a la Administración, las gallinas habían sido retiradas al finalizar su ciclo productivo y trasladadas a un matadero de la península con las autorizaciones correspondientes.
La explotación, con capacidad para unas 40.000 aves, ya había registrado en agosto de 2025 un brote de Salmonella Enteritidis en una de sus naves. En aquel momento se adoptaron medidas sanitarias, entre ellas restricciones a la comercialización de huevos del lote afectado y actuaciones de limpieza y desinfección.
El conseller ha explicado que la Administración comprobará si las imágenes corresponden a hechos que puedan dar lugar a nuevas actuaciones. La inspección resulta especialmente relevante para determinar si las condiciones denunciadas se produjeron durante el ciclo productivo y si existieron incumplimientos de las obligaciones de bienestar animal y bioseguridad.
La empresa denuncia una campaña de acoso
Avícola Son Perot ha rechazado las acusaciones y sostiene que es víctima de una supuesta «trama» y de una campaña de acoso impulsada por organizaciones animalistas. La compañía cuestiona la procedencia y la interpretación de las grabaciones y asegura que no se ha acreditado oficialmente que correspondan a sus instalaciones.
La empresa también sostiene que las imágenes podrían estar descontextualizadas y que algunas podrían corresponder a momentos anteriores o a situaciones ya resueltas. Asimismo, afirma que sus explotaciones están sometidas a auditorías y controles veterinarios y defiende sus procedimientos de limpieza, retirada de cadáveres, control de plagas y atención a las aves heridas.
La mercantil asegura que las naves de Mirabó se encuentran actualmente vacías, dentro del proceso habitual de mantenimiento y vacío sanitario que sigue al final de un ciclo productivo.
Bienestar animal y controles efectivos
La investigación vuelve a plantear interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión de las explotaciones ganaderas intensivas. Las imágenes denunciadas por las organizaciones animalistas, el antecedente sancionador de Llucmajor y la investigación ahora anunciada por el Govern ponen de relieve la importancia de que los controles permitan detectar y corregir posibles deficiencias antes de que se prolonguen en el tiempo.
El bienestar de las gallinas ponedoras exige condiciones adecuadas de alojamiento, atención a los animales enfermos o heridos, higiene de las instalaciones y retirada de los cadáveres conforme a la normativa. El cumplimiento de estas obligaciones debe poder verificarse mediante inspecciones, registros y controles efectivos, con independencia de que una explotación disponga de certificaciones privadas.
La prioridad ahora es esclarecer los hechos denunciados en Mirabó, determinar si hubo incumplimientos y, en caso de confirmarse, exigir las responsabilidades que correspondan. La protección animal y la seguridad sanitaria requieren que las denuncias se investiguen con rigor, pero también que las decisiones finales se apoyen en pruebas verificadas y en los procedimientos legalmente establecidos.
