La Fundación francesa 30 Millions d’Amis reclama que el Código Civil reconozca la figura de la «persona animal» para superar la contradicción entre considerar a los animales seres sensibles y seguir tratándolos jurídicamente como bienes. Su iniciativa vuelve a poner sobre la mesa las limitaciones de la legislación española y la necesidad de garantizar una protección efectiva para todos los animales, sin excepciones ni desigualdades.
Una campaña impulsada en Francia por la Fundación 30 Millions d’Amis ha reabierto el debate sobre el reconocimiento jurídico de los animales y la distancia que todavía existe entre los avances legislativos y su aplicación práctica. La organización reclama una reforma del Código Civil francés para avanzar hacia el reconocimiento de la denominada «persona animal», con el objetivo de que la condición de seres sensibles tenga consecuencias jurídicas más claras.
El planteamiento parte de una contradicción: aunque la legislación reconoce que los animales sienten y pueden experimentar sufrimiento, su tratamiento jurídico continúa vinculado en numerosos ámbitos al régimen de los bienes. Para la fundación, este desfase dificulta que la protección animal se traduzca en una respuesta coherente por parte de las instituciones y de la justicia.
Francia: reconocer la sensibilidad animal no ha cerrado el debate
Francia reconoció en 2015, mediante una modificación de su Código Civil, que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. La reforma supuso un avance importante, pero, según denuncia la fundación, no ha eliminado todas las contradicciones que persisten en el ordenamiento jurídico.
La campaña sostiene que el reconocimiento de la sensibilidad animal debe ir acompañado de cambios legales que permitan tener en cuenta esa condición en las decisiones judiciales y en la protección efectiva frente al abandono, el maltrato y otras formas de sufrimiento.
La propuesta de avanzar hacia la «persona animal» pretende abrir un debate sobre el estatuto jurídico de los animales. No se trata de equiparar automáticamente sus derechos a los de las personas, sino de estudiar fórmulas legales que reconozcan sus intereses propios y eviten que sean considerados exclusivamente como objetos de propiedad.
España: avances legales y dificultades en su aplicación
En España, la Ley 17/2021 modificó el Código Civil para reconocer a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. Posteriormente, la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, estableció nuevas obligaciones y medidas de protección para los animales de compañía.
Sin embargo, el reconocimiento legal no ha resuelto todos los problemas. Las dificultades de aplicación, la insuficiencia de recursos para la inspección y la atención de los animales abandonados, así como las diferencias en la respuesta de las administraciones, continúan siendo cuestiones relevantes para las entidades de protección animal.
La eficacia de las normas depende de que existan mecanismos de vigilancia, procedimientos claros, profesionales con formación especializada y una actuación coordinada entre administraciones, servicios veterinarios, fuerzas policiales y órganos judiciales.
La distancia entre la legislación y la realidad también se refleja en la necesidad de mejorar la investigación de los casos de maltrato, garantizar una respuesta adecuada ante las denuncias y evitar que la protección dependa del lugar en el que se encuentre el animal.
Los perros de caza y trabajo, una cuestión pendiente
Uno de los puntos más controvertidos del marco español es la exclusión de determinados animales del ámbito de aplicación de la Ley 7/2023. Entre ellos figuran los perros utilizados en actividades específicas, como la caza, que cuentan con un régimen diferenciado.
Esta situación ha sido cuestionada por organizaciones que reclaman que todos los perros reciban un nivel equivalente de protección, con independencia de la actividad para la que sean utilizados o de la función que desempeñen.
Desde esta perspectiva, la protección animal no debería depender de la utilidad que un animal tenga para las personas. Las obligaciones básicas de bienestar, atención veterinaria y prevención del sufrimiento deberían estar garantizadas para todos, sin que la actividad a la que se destinen determine una menor protección.
La campaña francesa vuelve a poner de relieve esta cuestión: reconocer que los animales sienten exige que esa realidad se refleje de forma efectiva en las normas y en las decisiones de quienes deben aplicarlas.
Una ley no basta sin formación, recursos y voluntad de cumplimiento
La experiencia francesa muestra que el reconocimiento de la sensibilidad animal, aunque importante, no resuelve por sí solo las dificultades que aparecen en los tribunales y en la práctica administrativa.
En España, el desarrollo de la Ley 7/2023 requiere continuar avanzando en la formación de jueces, fiscales, policías y demás profesionales que intervienen en procedimientos relacionados con animales. También resulta necesario reforzar los medios de inspección y las herramientas que permiten investigar y sancionar las conductas contrarias a la normativa.
La intervención policial, en particular, puede resultar determinante para documentar indicios de maltrato, identificar a los responsables, garantizar la atención veterinaria y preservar las pruebas necesarias para una eventual actuación judicial. Sin conocimientos especializados y coordinación entre los distintos operadores, la aplicación de la legislación puede perder eficacia.
El reto: convertir el reconocimiento legal en protección efectiva
La campaña de 30 Millions d’Amis plantea una cuestión que trasciende las fronteras francesas: ¿qué alcance real tiene reconocer la sensibilidad de los animales si su condición no se traduce en una protección jurídica suficiente?
En España, los avances normativos de los últimos años han supuesto un cambio relevante, pero siguen existiendo debates sobre las exclusiones legales, la aplicación desigual de las normas y los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.
El desafío consiste en avanzar desde el reconocimiento formal de los animales como seres sintientes hacia un sistema que proteja efectivamente sus intereses, prevenga el sufrimiento y permita exigir responsabilidades cuando se vulneran sus derechos y su bienestar.
La iniciativa francesa no resuelve por sí misma ese debate, pero vuelve a situar una cuestión esencial en el centro de la discusión pública: la protección animal no puede medirse únicamente por lo que dicen las leyes, sino también por la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir.
