Los cuatro detenidos por el presunto maltrato animal en un criadero de Serín, en Gijón, han defendido su inocencia ante la Justicia. El caso, que salió a la luz en abril tras una intervención de la Guardia Civil en la que fueron localizados más de 300 perros en condiciones preocupantes, continúa pendiente de resolución judicial.
Los cuatro investigados por el denominado «criadero de los horrores» de Gijón han declarado que son inocentes de los hechos que se les atribuyen. La comparecencia judicial constituye un nuevo capítulo de un caso que ha provocado una importante conmoción por las condiciones en las que fueron encontrados centenares de perros en unas instalaciones de cría situadas en la parroquia gijonesa de Serín.
La investigación se inició tras una actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que permitió localizar a más de 300 animales y detectar presuntas irregularidades relacionadas con su cuidado, higiene y atención veterinaria.
Los cuatro investigados fueron detenidos en el marco de las diligencias abiertas por un presunto delito continuado contra los animales y otro de pertenencia a grupo criminal. Estas imputaciones deberán ser acreditadas durante el procedimiento judicial y, mientras no exista una sentencia firme, se mantiene la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Más de 300 perros rescatados
La intervención policial desarrollada en abril permitió retirar a los animales de las instalaciones. Los perros fueron trasladados a diferentes recursos de protección animal para recibir atención veterinaria y cuidados.
Las inspecciones detectaron deficiencias sanitarias y de higiene, así como animales con problemas de salud que requerían tratamiento. Entre las afecciones descritas en las informaciones sobre el caso figuran problemas bucodentales, infecciones y otras alteraciones que debían ser evaluadas por los profesionales veterinarios.
El operativo obligó a movilizar recursos públicos y entidades protectoras para atender a los animales y distribuirlos entre distintos centros. La magnitud del rescate convirtió el caso en uno de los episodios de presunto maltrato animal más relevantes conocidos en Asturias durante este año.
La investigación también apunta a posibles infracciones administrativas
Además de las diligencias penales, la actuación policial permitió detectar presuntas irregularidades en diferentes ámbitos administrativos, entre ellos la protección y el bienestar animal, la sanidad, el uso de medicamentos veterinarios, la gestión de residuos y la normativa de consumo.
La investigación trata de determinar las circunstancias en las que funcionaba el criadero, las responsabilidades individuales de las personas vinculadas a su actividad y el alcance de las posibles infracciones.
La situación de los perros rescatados continúa condicionada por el procedimiento judicial. Según informaciones anteriores sobre el caso, la jueza instructora había impedido que los animales fueran dados en adopción definitiva mientras se tramita la causa, aunque podían permanecer con sus familias de acogida.
Esta situación mantiene en espera tanto a las personas que cuidan de los perros como a quienes desean adoptarlos. Las familias de acogida han asumido parte de las tareas de recuperación y socialización de los animales, mientras las entidades protectoras siguen pendientes de una solución definitiva.
El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de los controles sobre los centros de cría y de una respuesta rápida cuando existen indicios de que los animales pueden estar sufriendo condiciones incompatibles con su bienestar.
