La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) ha decidido recurrir la autorización concedida por el Gobierno de Aragón para capturar y mantener en cautividad ejemplares de jilguero, verdecillo, pardillo y verderón.
La resolución de la Administración autonómica permite estas capturas en el marco de determinados proyectos presentados como estudios científicos sobre la evolución de las poblaciones de fringílidos. ANSAR considera, sin embargo, que esta vía puede estar siendo utilizada para recuperar una práctica que durante años ha estado sometida a fuertes restricciones: el silvestrismo, basado en la captura y mantenimiento de aves silvestres, especialmente por sus cualidades canoras.
Los fringílidos afectados son especies ampliamente conocidas y presentes en numerosos espacios rurales y naturales. El jilguero, el verdecillo, el pardillo y el verderón forman parte del paisaje sonoro de buena parte de Aragón y de otros territorios españoles.
Una excepción científica que genera dudas
El principal punto de conflicto se encuentra en la utilización de una excepción destinada a determinados fines científicos para permitir la captura de estas aves. La normativa de protección de las aves silvestres establece importantes restricciones a su captura y tenencia, aunque contempla excepciones bajo determinadas circunstancias y siempre que se cumplan requisitos específicos.
ANSAR cuestiona que los proyectos autorizados puedan justificar suficientemente la necesidad de capturar aves silvestres y teme que esta excepción termine convirtiéndose, en la práctica, en una puerta de entrada para una actividad que la legislación europea pretende limitar.
La organización naturalista reclama conocer con detalle qué criterios se han utilizado para valorar los proyectos, qué organismos han participado en su evaluación y qué mecanismos de control se aplicarán sobre las aves capturadas.
La cuestión no es menor. Para los conservacionistas, cualquier autorización excepcional debería estar respaldada por una necesidad científica real, perfectamente acreditada y sometida a controles rigurosos.
El recurso pone el foco en la tramitación
ANSAR también cuestiona el procedimiento seguido por la Administración autonómica y pretende revisar la documentación que sustenta la autorización. El colectivo sostiene que debe garantizarse la máxima transparencia en este tipo de decisiones, especialmente cuando afectan a especies silvestres protegidas y cuando la autorización puede tener consecuencias sobre una actividad que genera controversia desde hace años.
La asociación considera que la conservación de las poblaciones de aves debe situarse por delante de los intereses relacionados con su captura y mantenimiento en cautividad. Además, advierte de que la autorización de capturas legales puede dificultar la lucha contra el furtivismo, al hacer más difícil distinguir determinadas prácticas autorizadas de otras realizadas al margen de la normativa.
Una polémica que trasciende a la comunidad autónoma de Aragón
El conflicto aragonés se suma a un debate que se está produciendo en diferentes comunidades autónomas sobre el futuro del silvestrismo y las capturas de fringílidos. Quienes defienden esta actividad reivindican su carácter tradicional y cultural, especialmente en relación con los concursos de canto. Las organizaciones naturalistas sostienen que la tradición no puede justificar la extracción de aves de su medio natural y que existen alternativas suficientes para desarrollar actividades relacionadas con el conocimiento y observación de estas especies sin capturarlas.
En el fondo se enfrentan dos modelos diferentes: el mantenimiento de una práctica tradicional basada en aves cautivas y una concepción de la conservación que apuesta por mantener a los animales en libertad.
El recurso presentado por ANSAR obligará ahora a examinar si las autorizaciones concedidas cumplen realmente los requisitos establecidos para las excepciones científicas. La decisión resulta especialmente relevante porque afecta a cuatro especies emblemáticas de la avifauna española. Jilgueros, verdecillos, pardillos y verderones no son animales domésticos: son fauna silvestre y, como tal, su captura exige una justificación y un control especialmente rigurosos.
El procedimiento iniciado por ANSAR pretende precisamente determinar si esos requisitos se han cumplido o si, bajo la apariencia de investigación científica, se está abriendo nuevamente la puerta a una práctica que las normas de protección de las aves llevan años tratando de restringir.
