La gestión de las poblaciones de zorro en la Comunitat Valenciana vuelve a generar controversia. Un análisis elaborado por el Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires–Ecologistes en Acció (GER-EA), a partir de los datos de mortalidad registrados entre 2003 y 2023, estima que cada año se matan alrededor de 10.000 zorros en la región.
La cifra ha llevado a la organización conservacionista a reclamar a la Generalitat una moratoria de la caza del zorro en aquellos municipios declarados oficialmente como zonas de sobreabundancia de conejo. Su argumento resulta especialmente llamativo: si el conejo es considerado excesivamente abundante en determinados territorios, el zorro, como depredador natural, puede desempeñar precisamente una función reguladora sobre sus poblaciones.
El debate se produce además en un contexto en el que la Generalitat acaba de aprobar la regulación de la temporada cinegética 2026-2027, desarrollando la orden de vedas que establece los periodos y condiciones de caza en la Comunitat Valenciana.
Un depredador convertido en objetivo cinegético
El zorro común (Vulpes vulpes) está incluido expresamente entre las especies cinegéticas de la Comunitat Valenciana. La legislación autonómica lo considera una especie susceptible de aprovechamiento cinegético y, por tanto, permite su caza dentro del marco establecido por la normativa y las correspondientes órdenes de vedas.
El problema que plantean las organizaciones conservacionistas no es únicamente si la caza del zorro está legalmente permitida, sino si la intensidad con la que se practica responde a criterios ecológicos suficientemente justificados.
GER-EA sostiene que las cifras acumuladas durante dos décadas evidencian una presión cinegética excesiva sobre una especie que cumple una función relevante dentro de los ecosistemas mediterráneos.
El zorro es un depredador generalista capaz de alimentarse de pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos y carroña. Entre sus presas se encuentra también el conejo de monte, una especie que en determinadas zonas valencianas ha sido declarada oficialmente en situación de sobreabundancia.
De ahí que los ecologistas cuestionen la aparente contradicción de considerar necesario reducir el número de conejos y, al mismo tiempo, mantener una fuerte presión sobre uno de sus principales depredadores naturales.
La Generalitat mantiene la gestión cinegética
La Administración autonómica dispone de un marco legal que permite gestionar las especies cinegéticas atendiendo a criterios de ordenación y control poblacional. La Ley de Caza valenciana contempla expresamente técnicas de control por razones de gestión, científicas o educativas y establece que determinadas especies pueden ser objeto de actuaciones de control cuando existan razones de equilibrio poblacional.
Además, la normativa establece que la planificación cinegética debe garantizar la conservación y el aprovechamiento ordenado de los recursos. Por tanto, la controversia no se centra en la existencia de una autorización general para cazar zorros, sino en la dimensión de esa extracción y en sus consecuencias ecológicas.
Los datos manejados por GER-EA apuntan a una media de unos 10.000 animales muertos cada año durante el periodo analizado. Para la organización, semejante volumen requiere una revisión de la política de gestión de la especie y, especialmente, de su compatibilidad con la función que desempeña el zorro en los ecosistemas.
¿Control de depredadores o desequilibrio?
Uno de los puntos más controvertidos es el denominado control de predadores, una práctica defendida por determinados sectores cinegéticos como herramienta para favorecer a especies cinegéticas como el conejo o la perdiz.
Los conservacionistas cuestionan que eliminar depredadores sea siempre una solución eficaz. En el caso del zorro, sostienen que reducir artificialmente sus poblaciones puede alterar las relaciones entre depredadores y presas sin resolver necesariamente las causas que explican la abundancia o escasez de determinadas especies.
La cuestión resulta especialmente relevante en el caso del conejo de monte. Mientras algunas áreas sufren problemas asociados a poblaciones elevadas, otras presentan una situación completamente diferente y la especie afronta problemas derivados de enfermedades, transformación del hábitat y otros factores.
Por ello, aplicar una misma política sobre el zorro a todo el territorio puede resultar poco compatible con una gestión basada en las características concretas de cada ecosistema.
Los ecologistas piden cambiar el modelo
GER-EA reclama que la Generalitat revise la presión cinegética sobre el zorro y establezca una moratoria en los municipios donde existe una declaración oficial de sobreabundancia de conejo. La petición pretende introducir una lógica diferente: si en un territorio existen poblaciones elevadas de conejo, debería analizarse también el papel que desempeñan los depredadores antes de recurrir a su eliminación. La organización considera que la gestión de la fauna debe apoyarse en criterios científicos y no únicamente en intereses cinegéticos.
La discusión pone así frente a frente dos concepciones diferentes de la gestión de la fauna silvestre. Por un lado, la que contempla determinadas especies como recursos cinegéticos susceptibles de aprovechamiento y control. Por otro, la que reclama priorizar el funcionamiento natural de los ecosistemas y limitar las intervenciones humanas sobre los depredadores.
La cifra de más de 10.000 zorros muertos anualmente convierte el debate en algo más que una cuestión anecdótica. La pregunta de fondo es si una extracción de semejante magnitud es compatible con una gestión sostenible de la especie.
Mientras la normativa valenciana mantiene al zorro dentro del catálogo de especies cinegéticas, los colectivos conservacionistas reclaman que la Generalitat revise una política que, a su juicio, persigue a uno de los principales depredadores naturales de los ecosistemas mediterráneos sin demostrar que su eliminación produzca necesariamente un beneficio ambiental.
