Un hombre ha sido condenado en San Sebastián a un año y nueve meses de prisión por maltrato habitual, además de otras penas por amenazas, coacciones y vejaciones. La sentencia considera probado que utilizaba las visitas a la mascota común como excusa para presentarse reiteradamente en el domicilio de la mujer e intentar recuperar la relación.
La utilización de los animales de compañía como instrumento de control y presión sobre las víctimas de violencia de género vuelve a aparecer en una resolución judicial. La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Donostia-San Sebastián, plaza número 3, ha condenado a un hombre que, después de romper la relación con su pareja, utilizaba las visitas a la perra que ambos tenían en común como pretexto para acercarse a ella y acosarla.
La sentencia, dictada el 3 de junio de 2026, impone al acusado un año y nueve meses de prisión por un delito de maltrato habitual, además de otras penas por dos delitos de maltrato no habitual, amenazas, coacciones y vejaciones.
Según los hechos probados, la mujer abandonó la vivienda que compartían alrededor del 24 de abril de 2025 y se trasladó al domicilio de su madre. A partir de ese momento, el hombre comenzó a enviarle mensajes y realizar numerosas llamadas telefónicas de forma persistente. También acudía repetidamente al exterior del portal donde residía para intentar que retomara la relación.
Para justificar esos acercamientos, utilizaba como argumento su deseo de ver a la perra que ambos tenían en común. De esta manera, el vínculo compartido con el animal se convertía en una vía para mantener el contacto con la víctima pese a su voluntad de poner fin a la relación.
Intentó arrebatarle la perra cuando iba al veterinario
Uno de los episodios recogidos en la resolución tuvo lugar el 2 de mayo de 2025. La mujer se dirigía con una amiga a llevar a la perra al veterinario cuando coincidió con su expareja en el barrio donostiarra de Egia. Ella rechazó que la acompañara, pero poco después, cuando se encontraba con el animal en la plaza Teresa de Calcuta, el hombre apareció de nuevo e intentó arrebatárselo para llevárselo.
La víctima telefoneó a la Ertzaintza y el acusado se marchó al advertir la llamada. Sin embargo, regresó poco después y, pese a la presencia de los agentes, volvió a dirigirse a ella con insultos y amenazas.
La sentencia sitúa estos episodios dentro de una dinámica de violencia y control que ya se había desarrollado durante la relación. El hombre imponía a su pareja cómo debía vestir y comportarse, limitaba sus contactos con amigas y familiares, revisaba su teléfono móvil y le exigía mantener una comunicación constante mientras trabajaba.
Una condena por violencia de género, no por maltrato animal
Por el delito de maltrato habitual, el tribunal impuso también la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años, así como la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de la víctima y comunicarse con ella durante dos años, nueve meses y un día.
Por los restantes delitos se establecieron otras penas, entre ellas trabajos en beneficio de la comunidad y nuevas prohibiciones de aproximación, comunicación y tenencia de armas. La resolución apreció una atenuante analógica por alteración psíquica. El acusado reconoció los hechos y se conformó con las penas, por lo que la sentencia quedó firme en el acto del juicio.
El caso no constituye una condena por maltrato animal. La relevancia de la perra en la resolución reside en que el acusado utilizó el vínculo con el animal para mantener el contacto con su expareja y presionarla después de la ruptura.
Los animales también pueden quedar atrapados en la violencia machista
Este episodio vuelve a poner de manifiesto una realidad que las organizaciones especializadas en protección animal y atención a víctimas vienen señalando: los animales de compañía pueden convertirse en instrumentos de intimidación, chantaje y control en situaciones de violencia de género.
La instrumentalización no exige necesariamente que el agresor lesione físicamente al animal. Puede manifestarse mediante amenazas, intentos de apropiación, utilización de las visitas o manipulación de la preocupación de la víctima por su bienestar.
En octubre de 2026, otro caso difundido por medios especializados recogió cómo un hombre había utilizado al gato que compartía con su pareja para conseguir que esta regresara al domicilio, después de comunicarle que el animal había sufrido una caída y estaba herido. También en ese caso, el animal apareció como instrumento de control dentro de una relación marcada por el maltrato y las coacciones.
En septiembre de 2025, una resolución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria supuso un precedente especialmente relevante: condenó a un hombre por matar al perro que compartía con su pareja y consideró que había utilizado la muerte del animal para causar daño psicológico a la mujer, calificando los hechos como violencia vicaria.
Estos casos refuerzan la necesidad de que los protocolos de prevención y atención a la violencia de género tengan en cuenta a los animales que forman parte del entorno familiar y afectivo de las víctimas. Su protección no es una cuestión secundaria: puede resultar determinante para que una persona pueda abandonar una situación de violencia sin verse obligada a dejar atrás a un animal al que está emocionalmente vinculada.
