La denuncia sobre la situación del centro de protección animal de Herrera del Duque ha abierto también un segundo frente: el supuesto impedimento a la Policía Local para difundir en redes sociales mensajes de condena del maltrato animal y de advertencia sobre su persecución. La existencia de una eventual instrucción municipal no ha sido acreditada públicamente y el Ayuntamiento no consta que haya ofrecido, hasta ahora, una explicación sobre este extremo.
La situación de la protección animal en Herrera del Duque (Badajoz) ha derivado en un debate que afecta no solo a la gestión de las colonias felinas y de los animales abandonados, sino también a la comunicación institucional de la Policía Local.
La información publicada el 30 de septiembre señala que una protectora local habría comunicado al alcalde que no puede continuar recogiendo animales debido a la situación de abandono que, según se sostiene, habría hecho insostenible su actividad. En paralelo, se reclama al Ayuntamiento la puesta en marcha de un programa de gestión de colonias felinas mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—.
Pero uno de los aspectos más llamativos del caso se encuentra en la denuncia relativa a las redes sociales de la Policía Local.
Una supuesta instrucción que debe aclararse
Según la información difundida por PACMA, se habría impedido a la Policía Local publicar mensajes de condena del maltrato animal y de advertencia sobre su persecución. La denuncia reclama al Ayuntamiento que confirme si existe realmente una instrucción en ese sentido y, en caso afirmativo, que explique quién la adoptó y cuáles fueron sus motivos.
Por el momento, no consta públicamente el contenido de ninguna instrucción escrita, ni se ha difundido una resolución municipal que establezca que la Policía Local deba abstenerse de publicar este tipo de mensajes. Precisamente por eso, la cuestión central pasa por determinar si existió una instrucción concreta, quién la impartió, a qué cuentas o canales afectaba y cuál era su fundamento.
La Policía Local y las competencias en materia de protección animal
La cuestión adquiere especial relevancia porque la normativa atribuye a la Policía Local funciones relacionadas con la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales, donde también se incluyen las relacionadas con los animales. La documentación municipal disponible establece que la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza y las labores de inspección corresponden principalmente a la Policía Local, sin perjuicio de las competencias de otros servicios y administraciones. También señala que las competencias municipales en materia de animales se gestionan desde las áreas de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana.
Esto hace especialmente relevante diferenciar entre dos planos: por un lado, las actuaciones policiales y administrativas que correspondan ante posibles casos de maltrato, abandono o incumplimiento de la normativa; por otro, la utilización de las redes sociales institucionales para informar a la ciudadanía.
El contexto de la protectora y las colonias felinas
La polémica sobre la comunicación policial se produce en un contexto más amplio. La protectora local habría comunicado al alcalde que no puede seguir recogiendo animales, mientras se reclama al Ayuntamiento que concrete qué recursos y medidas tiene previstos para atender a los animales abandonados.
También se ha cuestionado el retraso en la entrega de acreditaciones oficiales a las personas alimentadoras y gestoras de colonias felinas y se ha reclamado que el Ayuntamiento facilite un marco claro para desarrollar esta actividad.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece, en ausencia de una regulación autonómica específica, la responsabilidad de las entidades locales en la gestión de los gatos comunitarios mediante programas de gestión de colonias felinas.
En este escenario, el Ayuntamiento tiene ante sí varias cuestiones que requieren concreción: qué sistema de gestión felina pretende implantar, cómo se atenderá a los animales abandonados, qué papel tendrá la protectora y el voluntariado y, especialmente, si existió alguna instrucción que condicionara la publicación por parte de la Policía Local de mensajes institucionales relacionados con el maltrato animal.
Esta última cuestión permanece, por ahora, en el terreno de la denuncia pendiente de aclaración. Las fuentes consultadas no permiten afirmar que exista una instrucción política formal ni conocer sus eventuales motivos. Por ello, la respuesta municipal resulta determinante para establecer qué ocurrió realmente y cuál es la política de comunicación que se aplica a la Policía Local en materia de protección animal.
