La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha trasladado a las formaciones políticas un documento con treinta medidas para la próxima legislatura. La propuesta incluye reducir el IVA veterinario, revisar la normativa sobre medicamentos, garantizar las urgencias veterinarias, reforzar la presencia de profesionales en la sanidad pública y mejorar la protección de los animales. La organización reclama que la veterinaria sea reconocida como una pieza esencial de la salud pública y no únicamente como una actividad asistencial.
La protección de los animales, la prevención de enfermedades y el futuro de la profesión veterinaria quieren hacerse un hueco en el debate político de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Organización Colegial Veterinaria ha presentado a los partidos una agenda de treinta propuestas que pretende trasladar a la próxima legislatura los principales problemas y necesidades del sector.
El documento no se limita a reivindicaciones profesionales. Su planteamiento parte de una perspectiva más amplia: la actividad veterinaria tiene consecuencias directas sobre la salud humana, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la sostenibilidad del medio rural. La organización considera que las administraciones deben aprovechar mucho mejor los conocimientos de los veterinarios, especialmente en un contexto de aparición de nuevas enfermedades, cambios ambientales y dificultades para garantizar la atención sanitaria de los animales en determinados territorios.
El presidente de la OCV, Gonzalo Moreno del Val, ha defendido que las propuestas pretenden contribuir a resolver problemas que afectan al conjunto de la sociedad, desde la prevención de riesgos sanitarios hasta el mantenimiento de las explotaciones ganaderas.
Rebajar el IVA veterinario y modificar la regulación de los medicamentos
Una de las principales reivindicaciones se dirige a facilitar el acceso de las familias a los servicios veterinarios. La OCV reclama reducir el IVA que actualmente grava estos servicios al 21 % y avanzar hacia un tipo del 0 % para las vacunaciones animales.
La petición tiene una dimensión social importante si se tiene en cuenta que, según los datos recogidos por la organización, el 52 % de los hogares españoles convive con animales de compañía. El coste de las consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunaciones puede convertirse en una barrera para familias con recursos económicos limitados.
La reducción fiscal, según la OCV, contribuiría a mejorar el acceso a la atención veterinaria y favorecería la prevención de enfermedades.
Otro de los asuntos prioritarios es la revisión del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios.
La organización considera necesario adaptar esta normativa a las necesidades reales de la práctica clínica, flexibilizar las condiciones de cesión de medicamentos, garantizar la continuidad de los tratamientos y reducir las obligaciones burocráticas que considera desproporcionadas.
La propuesta pretende mantener las garantías de seguridad, trazabilidad y uso responsable de los medicamentos, pero otorgando mayor capacidad de actuación al criterio clínico del veterinario.
La veterinaria debe tener mayor presencia en la salud pública
Otro de los grandes bloques de propuestas reclama reforzar el reconocimiento de los veterinarios como profesionales sanitarios y aumentar su participación en las estructuras públicas de prevención y vigilancia epidemiológica.
La OCV propone actualizar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reconocer especialidades multidisciplinares y crear un sistema de formación sanitaria especializada por residencia, denominado VIR, equivalente al existente para otras profesiones sanitarias.
También reclama garantizar la participación efectiva de los veterinarios en la Agencia Estatal de Salud Pública y mejorar la coordinación entre la medicina humana, la sanidad animal y la protección ambiental mediante el enfoque One Health (Una sola salud).
Esta perspectiva resulta especialmente relevante ante las enfermedades zoonósicas y las amenazas epidemiológicas. La organización recuerda que aproximadamente el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, lo que convierte a los veterinarios en profesionales fundamentales para detectar riesgos, vigilar enfermedades y prevenir futuras crisis sanitarias.
En este sentido, propone incrementar progresivamente la inversión pública destinada a prevención, vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria.
Garantizar atención veterinaria en el medio rural
La despoblación y las dificultades para mantener servicios profesionales en determinados territorios constituyen otra de las preocupaciones recogidas en el documento.
La OCV plantea crear un programa nacional de apoyo a la ganadería y a la veterinaria rural, con incentivos económicos, fiscales y profesionales que permitan garantizar la presencia de veterinarios en las zonas con mayores dificultades de cobertura.
La organización considera que la falta de profesionales puede comprometer la prevención de enfermedades, la bioseguridad de las explotaciones y la continuidad de determinadas actividades ganaderas.
Entre las medidas propuestas figura reforzar la figura del veterinario de explotación, especialmente en las pequeñas y medianas instalaciones ganaderas, para garantizar un asesoramiento sanitario continuado.
También se plantea establecer sistemas de guardias, incentivos y fórmulas de colaboración público-privada que permitan asegurar la atención veterinaria urgente independientemente del lugar de residencia.
La propuesta incluye, además, que los municipios de más de 30.000 habitantes incorporen veterinarios a sus plantillas para desarrollar funciones relacionadas con la salud pública, el control sanitario, las zoonosis y la gestión de animales urbanos.
Más veterinarios en las políticas de bienestar animal
La organización reclama una mayor participación de los profesionales veterinarios en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de protección animal.
Entre sus propuestas figura revisar la legislación de bienestar animal, incluida la Ley 7/2023, para reforzar el componente sanitario y garantizar que las decisiones administrativas estén fundamentadas en criterios científicos y veterinarios.
También plantea incorporar a estos profesionales a los dispositivos de Protección Civil y Emergencias, tanto en la elaboración de protocolos como en la intervención ante catástrofes, crisis sanitarias y situaciones que requieran rescates o atención de animales.
Esta reivindicación resulta especialmente importante ante la necesidad de disponer de procedimientos que contemplen a los animales en incendios forestales, inundaciones, evacuaciones y otras emergencias.
Protección frente a las agresiones y atención a la salud mental
Las treinta propuestas también abordan las condiciones laborales de los veterinarios y los riesgos asociados al ejercicio profesional.
La OCV reclama protocolos específicos frente a las agresiones y amenazas, una mayor colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y mecanismos que faciliten la denuncia y el apoyo jurídico a los profesionales afectados.
Asimismo, propone desarrollar una estrategia nacional de atención a la salud mental de los veterinarios, con programas de asistencia psicológica especializada y confidencial.
La organización considera necesario reconocer los riesgos psicosociales asociados a una profesión que combina una elevada responsabilidad sanitaria, la atención a animales enfermos, la relación con sus propietarios y, en ocasiones, situaciones de especial presión emocional.
También plantea mejorar las condiciones laborales, combatir la precariedad y reforzar el reconocimiento de las especialidades veterinarias.
Una agenda que interpela a los partidos políticos
Las treinta propuestas de la Organización Colegial Veterinaria llegan en un momento en el que la protección animal, la salud pública y el acceso a los servicios veterinarios están adquiriendo una mayor presencia en el debate social y político.
La agenda presentada abarca cuestiones que afectan directamente a millones de familias con animales de compañía, pero también a las explotaciones ganaderas, los consumidores, los profesionales sanitarios y las administraciones locales.
Su contenido coincide parcialmente con otras reivindicaciones planteadas por organizaciones de protección animal, especialmente en materia de reducción del IVA veterinario, acceso a tratamientos y refuerzo de los servicios públicos.
Sin embargo, también introduce cuestiones específicas relacionadas con la ordenación profesional, la formación especializada, las condiciones de trabajo y el reconocimiento institucional de la veterinaria.
La presentación de este documento abre ahora el interrogante sobre la respuesta que ofrecerán las distintas formaciones políticas y sobre cuáles de estas medidas terminarán incorporándose a sus programas electorales y, posteriormente, a la acción legislativa.
La próxima legislatura tendrá que afrontar, entre otros desafíos, cómo garantizar una atención veterinaria accesible, cómo mejorar la prevención de enfermedades y cómo integrar de manera efectiva la salud animal en las políticas públicas.
La reivindicación de los veterinarios es clara: su trabajo no puede quedar limitado a la atención clínica de los animales. Su participación resulta esencial para proteger también la salud de las personas, preservar la biodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria y avanzar hacia un modelo de bienestar que contemple conjuntamente a los animales, las personas y el medio ambiente.
