El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado una moción para reforzar la prevención del maltrato animal y mejorar los mecanismos de control relacionados con la concesión y renovación de las licencias de caza. La iniciativa, defendida por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, pretende garantizar que las personas que estén legalmente inhabilitadas no puedan obtener una licencia de caza mientras dicha inhabilitación continúe vigente.
El acuerdo también plantea promover cambios normativos para que las condenas firmes por delitos de maltrato animal puedan tener consecuencias expresas sobre estas autorizaciones, siempre dentro del marco legal y respetando los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
Una mesa de trabajo con todos los sectores implicados
Uno de los principales acuerdos contempla la creación de una mesa de trabajo en la que participarán asociaciones animalistas, asociaciones de caza, los departamentos de Caza y Bienestar Animal del Cabildo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y representantes de los grupos políticos de la Corporación. El objetivo será elaborar una iniciativa legislativa conjunta que pueda ser trasladada posteriormente al Gobierno de Canarias.
La propuesta pretende abordar la cuestión desde el diálogo entre los distintos sectores relacionados con la protección animal, la actividad cinegética y el control administrativo.
Control de las licencias de caza
El Cabildo establecerá como criterio de actuación que, durante la tramitación de las solicitudes de concesión y renovación de licencias de caza, se compruebe la existencia de inhabilitaciones penales o administrativas firmes que impidan legalmente el ejercicio de la actividad cinegética. Cuando exista una causa legal de inhabilitación, la licencia deberá ser denegada de acuerdo con la normativa aplicable y, en concreto, con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/1998, de Caza de Canarias.
La moción también insta al Gobierno de Canarias a promover las modificaciones legislativas necesarias para que las personas condenadas mediante sentencia penal firme por delitos de maltrato animal puedan quedar expresamente inhabilitadas para obtener o renovar licencias de caza durante el periodo que legalmente se determine. La propuesta plantea que, para determinar esas consecuencias, se tengan en cuenta la naturaleza, gravedad y circunstancias del delito.
Coordinación entre las resoluciones judiciales y las autorizaciones administrativas
La iniciativa presta especial atención a aquellos casos en los que una sentencia firme haya establecido una pena de inhabilitación para la tenencia de animales o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas. El planteamiento del Cabildo es que las inhabilitaciones firmes tengan un cumplimiento efectivo y exista coherencia entre las resoluciones judiciales y las autorizaciones administrativas relacionadas con la actividad cinegética.
Finalmente, el Cabildo trasladará los acuerdos al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias y a los grupos parlamentarios, así como al Gobierno de España y a los grupos del Congreso de los Diputados, para que estudien las posibles modificaciones legislativas que puedan resultar necesarias dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
