Las firmas recogidas

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La patronal veterinaria entrega 527.825 firmas para llevar al Congreso la derogación del Real Decreto 666/2023

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) culmina una campaña de recogida de apoyos de un año de duración, con más de medio millón de firmas verificadas. La iniciativa legislativa popular reclama recuperar la capacidad de prescripción y dispensación de medicamentos por parte de los veterinarios y abrir el camino a una nueva regulación.

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ha entregado en la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Madrid, un total de 527.825 firmas verificadas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende derogar el Real Decreto 666/2023, la norma que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

La entrega, realizada el pasado 12 de noviembre, culmina un año de trabajo de la patronal y de las organizaciones, colegios profesionales y veterinarios que han participado en la campaña. La cifra final supera las 500.000 firmas válidas que exige la legislación para que una iniciativa legislativa popular pueda continuar su recorrido parlamentario.

Del total de apoyos reunidos, 457.668 corresponden a firmas manuscritas y 70.157 se recogieron por vía digital a través de la plataforma Boreal.es.

Recuperar la autonomía clínica de los veterinarios

El principal objetivo de la iniciativa es modificar el marco normativo vigente y devolver a los profesionales veterinarios una mayor capacidad para decidir sobre los tratamientos y medicamentos que necesitan los animales bajo su responsabilidad clínica.

CEVE reclama recuperar la posibilidad de prescribir y dispensar directamente medicamentos en las consultas veterinarias, una práctica que, según los datos aportados por la organización, cubría antes de la entrada en vigor del decreto el 76% de los tratamientos.

La patronal considera que la normativa actual ha introducido dificultades en el ejercicio profesional, ha incrementado las cargas administrativas y genera inseguridad jurídica. También sostiene que las restricciones afectan a la capacidad de los veterinarios para aplicar sus conocimientos y criterios clínicos en la atención de los animales.

El presidente de CEVE, Sebastià Rotger, ha calificado la recogida de firmas como un éxito de un sector que, en sus palabras, se encuentra «harto, cansado y unido» frente a una regulación que considera inadecuada. La organización reclama que el nuevo Gobierno que surja de las urnas abra un proceso de diálogo con la profesión y respete su criterio clínico.

Una norma que afecta también a los propietarios de animales

La controversia sobre el Real Decreto 666/2023 no se limita al ámbito profesional. La patronal sostiene que sus consecuencias alcanzan también a los hogares que conviven con animales de compañía y cifra en un 47% el porcentaje de hogares españoles con mascotas afectados por las cuestiones que plantea la iniciativa.

CEVE defiende que una nueva regulación debe garantizar seguridad jurídica, respetar las competencias profesionales y permitir una atención veterinaria adaptada a las necesidades de cada animal. Asimismo, considera que la función del veterinario resulta esencial para la protección de la salud pública y la prevención de riesgos sanitarios.

La organización reclama que la futura normativa se elabore mediante un diálogo efectivo con los agentes representativos del sector y que tenga en cuenta la experiencia de los profesionales que aplican diariamente la legislación.

El siguiente paso: la tramitación parlamentaria

La entrega de las firmas supone un avance importante, pero no significa que el Real Decreto 666/2023 haya quedado derogado. Ahora corresponde completar los trámites de comprobación y validación oficial de los apoyos.

La iniciativa ya figura en el Congreso de los Diputados como proposición de ley para modificar el Real Decreto Legislativo 1/2015 y derogar el Real Decreto 666/2023. Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, deberá continuar su recorrido parlamentario y abrirse el correspondiente debate sobre las modificaciones propuestas.

El éxito de la recogida de firmas representa un respaldo significativo a la reivindicación de la patronal veterinaria y traslada al ámbito político un conflicto que lleva tiempo generando malestar en una parte importante de la profesión.

La cuestión de fondo será determinar cómo compatibilizar las obligaciones de control y uso responsable de los medicamentos veterinarios con la autonomía clínica de los profesionales y las necesidades de los animales. La futura discusión parlamentaria deberá abordar ese equilibrio y decidir si procede sustituir la regulación actual por un nuevo marco normativo.

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