El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha puesto sobre la mesa una cuestión que afecta a todos los municipios españoles: la gestión de las colonias felinas no es una tarea que los ayuntamientos puedan asumir o ignorar a voluntad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Burgos, ha ordenado al Ayuntamiento de Navalmanzano, en Segovia, adoptar medidas cautelares para garantizar la atención de sus gatos comunitarios.
El pronunciamiento llega después de que una asociación recurriera la negativa inicial a adoptar medidas urgentes ante la situación de las colonias del municipio. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso y ha considerado acreditada una situación que resulta especialmente significativa: «la evidente inacción» municipal.
La resolución obliga al consistorio a garantizar y asumir el coste de la atención veterinaria urgente de los gatos comunitarios que presenten lesiones, enfermedades o signos evidentes de sufrimiento. Además, establece medidas de protección frente al traslado, confinamiento o sacrificio de estos animales, salvo que existan razones veterinarias debidamente justificadas. El Ayuntamiento también deberá organizar una alimentación controlada, en puntos definidos y bajo criterios de higiene, salubridad y supervisión.
La ley establece la responsabilidad municipal
La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece expresamente que corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y que deben desarrollar programas específicos para las colonias felinas.
Entre las obligaciones municipales figura precisamente la responsabilidad de la atención sanitaria de los gatos comunitarios que lo requieran, mediante los servicios de un profesional veterinario colegiado. La norma también contempla el censo y mapeo de las colonias, la esterilización, la identificación mediante microchip, los programas sanitarios y la gestión de la alimentación y los refugios.
La legislación establece además como principio general el control poblacional mediante la esterilización y obliga a las administraciones locales a desarrollar programas de gestión de colonias. Por tanto, la cuestión que plantea el caso de Navalmanzano va mucho más allá de una disputa concreta entre un ayuntamiento y una asociación protectora: pone de manifiesto que las obligaciones legales tienen consecuencias cuando no se cumplen.
Un aviso para los municipios que siguen mirando hacia otro lado
El tribunal no ha dado la razón a la asociación en todas sus pretensiones. En particular, no ha ordenado cautelarmente que el Ayuntamiento capture y esterilice de inmediato a todos los gatos que todavía no hayan pasado por el método CER. Esta cuestión deberá resolverse en el procedimiento principal.
Pero sí ha establecido un límite muy claro: cuando existe un animal enfermo, herido o que sufre de manera evidente, la administración local no puede desentenderse de su atención veterinaria.
La resolución considera que estas medidas se encuentran dentro de la competencia municipal y que su aplicación no perjudica al interés general. Al contrario, entiende que protegen tanto el bienestar de los animales como los intereses de los propios vecinos, incluidos los relacionados con la salubridad y la convivencia.
El caso también pone el foco sobre una realidad frecuente: el trabajo de las personas voluntarias y asociaciones que durante años han asumido buena parte de la alimentación, vigilancia, captura y atención de gatos comunitarios. La Ley 7/2023 permite la colaboración entre ayuntamientos y entidades de protección animal, pero la colaboración no equivale a trasladar a los voluntarios la responsabilidad que corresponde a la Administración.
Un precedente que tendrá mucho recorrido
La decisión del TSJ de Castilla y León llega, además, en un momento en el que colectivos dedicados a las colonias felinas están reclamando en distintos puntos de España la aplicación efectiva de la legislación. El domingo 6 de septiembre se celebraron manifestaciones en numerosas ciudades para exigir a los ayuntamientos programas estables, financiación y cumplimiento de las obligaciones legales.
El mensaje que deja el caso de Navalmanzano es difícil de ignorar: una colonia felina no puede quedar abandonada a la buena voluntad de los vecinos que deciden cuidarla.
La legislación atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar estas poblaciones, y ahora un tribunal ha demostrado que esa responsabilidad puede ser reclamada judicialmente. La atención veterinaria urgente, la alimentación controlada y la protección frente a actuaciones prohibidas no son, por tanto, concesiones graciables: son obligaciones que pueden terminar siendo exigidas en los tribunales cuando la Administración no actúa.
