El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende cautelarmente el sacrificio de los animales al entender que no existe un peligro ambiental urgente que justifique una medida irreversible. La resolución recuerda que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y exige valorar alternativas menos lesivas antes de recurrir a la eutanasia.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado la orden de eutanasia de 20 cerdos vietnamitas dictada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, en una resolución que introduce importantes consideraciones sobre la protección jurídica de los animales y los límites de las actuaciones administrativas cuando estas implican su muerte.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que ejecutar la orden supondría un perjuicio irreparable, puesto que la muerte de los animales haría imposible restituir la situación si finalmente la Justicia diera la razón a su propietaria. Además, entiende que la Administración no ha demostrado la existencia de un riesgo ambiental urgente e inaplazable que justifique una decisión tan drástica.
El procedimiento tiene su origen en una resolución administrativa que impuso a la propietaria una multa de 15.000 euros y ordenó la eutanasia de los 20 ejemplares, pertenecientes a una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La propietaria recurrió la decisión alegando que los animales permanecían en un recinto cerrado, estaban esterilizados y contaban con seguimiento veterinario. En consecuencia, sostenía que no existía riesgo de reproducción ni de expansión al medio natural.
La muerte de los animales no es un perjuicio exclusivamente económico
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el reconocimiento de que las consecuencias de la eutanasia no pueden valorarse únicamente desde una perspectiva económica. El tribunal señala que la muerte de los 20 animales constituye un daño irreversible y recuerda que el Código Civil reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. También tiene en consideración el vínculo personal y afectivo existente entre la propietaria y los animales.
Esta argumentación supone una aplicación práctica del cambio de concepción jurídica introducido por la Ley 17/2021, que modificó el Código Civil para abandonar el tratamiento de los animales como simples cosas y reconocer su condición de seres vivos sintientes.
La resolución pone de manifiesto que esta consideración debe tenerse en cuenta cuando las administraciones adoptan decisiones que afectan directamente a la vida de los animales.
La falta de instalaciones no justifica automáticamente el sacrificio
Otro elemento determinante es que, según recoge la sentencia, la propia Administración habría reconocido que la razón para ordenar la eutanasia no era la existencia de un peligro ambiental inminente, sino la falta de centros habilitados para acoger a los animales. El TSJC considera que esta circunstancia no resulta suficiente para justificar una medida irreversible cuando existen otras posibilidades que no han sido adecuadamente examinadas.
Entre las alternativas que plantea figuran mantener a los animales en su recinto, siempre que se garanticen las condiciones de confinamiento y control veterinario, o estudiar su traslado a instalaciones adecuadas situadas fuera de la isla.
El tribunal recuerda, en este sentido, el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que obliga a las administraciones a elegir las medidas menos restrictivas cuando existen distintas opciones para alcanzar un objetivo legítimo.
La Ley 7/2023 y el deber de protección de los animales
La sentencia también incorpora referencias a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, así como al artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece el deber de los poderes públicos de proteger a los animales como seres sensibles.
La combinación de estos fundamentos refuerza la exigencia de que las decisiones administrativas que afectan a la vida de los animales estén suficientemente justificadas y contemplen las alternativas disponibles.
La resolución no cuestiona la necesidad de controlar las especies exóticas invasoras ni elimina las obligaciones legales derivadas de su inclusión en el catálogo estatal. Lo que cuestiona es que el sacrificio pueda convertirse en una respuesta automática cuando no se ha acreditado un peligro urgente y existen otras medidas potencialmente viables.
Una suspensión cautelar, no una sentencia definitiva
El TSJC ha estimado el recurso de apelación de la propietaria, revocando la decisión judicial anterior que había rechazado suspender la medida administrativa. La paralización de la eutanasia se mantendrá hasta que exista una sentencia firme en el procedimiento principal. Esto significa que la multa de 15.000 euros y la orden administrativa de sacrificio todavía no han sido anuladas, y que su legalidad deberá resolverse posteriormente.
La decisión judicial representa, no obstante, un importante precedente en cuanto a la necesidad de ponderar la protección ambiental, el bienestar animal y el principio de proporcionalidad antes de ejecutar actuaciones que supongan la muerte de animales.
El caso vuelve a situar sobre la mesa un debate fundamental: la obligación de las administraciones de compatibilizar el control de las especies exóticas invasoras con el respeto a la condición de seres sintientes de los animales, evitando que las dificultades de gestión o la falta de instalaciones adecuadas terminen convirtiéndose, sin una justificación suficiente, en una sentencia de muerte.
