La entidad de operadores jurídicos reclama que la protección y el bienestar animal sean reconocidos expresamente como asuntos de interés público para evitar que activistas y organizaciones puedan ser objeto de demandas abusivas destinadas a silenciar su participación.
Intercids ha trasladado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sus aportaciones al anteproyecto de ley con el que España prevé transponer la Directiva europea anti-SLAPP. La organización reclama que la futura normativa reconozca expresamente la protección y el bienestar de los animales como una cuestión de interés público y que, por tanto, quienes trabajan en su defensa puedan beneficiarse de las garantías previstas frente a las demandas judiciales abusivas.
Las denominadas SLAPP, acrónimo de Strategic Lawsuits Against Public Participation o demandas estratégicas contra la participación pública, son procedimientos judiciales o amenazas de emprenderlos que buscan intimidar o dificultar la actuación de periodistas, activistas, organizaciones, académicos, sindicatos y otros actores que participan en asuntos de interés público.
La Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva (UE) 2024/1069 para establecer mecanismos de protección frente a este tipo de procedimientos manifiestamente infundados o abusivos. El Gobierno español inició en 2026 el proceso para incorporar estas garantías al ordenamiento jurídico nacional.
La defensa de los animales como asunto de interés público
Intercids considera que la futura legislación debería mencionar de forma expresa la protección de los animales dentro de las materias que pueden ser consideradas de interés público.
La organización jurídica sostiene que esta consideración ya tiene respaldo en el marco europeo y español. Entre otros elementos, señala el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 333 bis del Código Civil español, además de la normativa administrativa existente y la consideración de determinadas conductas de violencia contra los animales como delitos de carácter público.
Desde la perspectiva de Intercids, la defensa de los animales está además relacionada con otras materias de interés general, como la protección medioambiental, la salud pública o los derechos de los consumidores.
Por ello, la entidad ha planteado que la protección y el bienestar animal sean incorporados expresamente a la definición de interés público recogida en el artículo 887.2.a) del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva (UE) 2024/1069.
El coste de los procedimientos aunque no prosperen
La petición de Intercids parte también de una consideración sobre los efectos que pueden producir este tipo de procedimientos sobre organizaciones y personas que defienden a los animales. Según la entidad, existen casos documentados en España y otros países europeos de procedimientos dirigidos contra activistas, periodistas y organizaciones vinculadas a la protección animal. Su planteamiento es que una demanda puede generar importantes costes económicos y personales incluso cuando finalmente no prospera, especialmente para organizaciones con recursos limitados.
La normativa europea identifica precisamente como elementos característicos de las SLAPP la existencia de procedimientos manifiestamente infundados o abusivos y determinadas circunstancias que pueden revelar un intento de restringir o penalizar la participación pública. La recomendación europea de 2022 ya advertía de que estos procedimientos pueden suponer una carga innecesaria para los órganos judiciales y para las personas demandadas.
Una reforma que prevé nuevas garantías
El anteproyecto presentado por el Gobierno contempla diferentes mecanismos para hacer frente a las demandas abusivas en el ámbito civil. Entre ellos figuran la posibilidad de una desestimación temprana de las demandas que carezcan de fundamento, la intervención de terceros —como asociaciones o sindicatos— en apoyo de la persona demandada y la posibilidad de exigir garantías para cubrir las costas.
También se contemplan medidas correctivas como la imposición de costas sin el límite general, indemnizaciones por daños y perjuicios, multas disuasorias y la publicación de determinadas resoluciones judiciales.
La reforma se articula mediante dos proyectos legislativos: una ley ordinaria para modificar, entre otras normas, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, y una ley orgánica destinada a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con determinadas acciones vinculadas a demandas abusivas planteadas en terceros países.
Intercids pide una referencia expresa
La propuesta de Intercids no plantea crear un régimen separado para la defensa de los animales, sino que este ámbito quede claramente incluido dentro de las materias de interés público protegidas por la futura legislación anti-SLAPP. La organización considera que una referencia expresa evitaría dudas interpretativas y garantizaría que las personas y entidades que participan en el debate público sobre bienestar y protección animal puedan acceder a los mecanismos de protección previstos por la nueva normativa.
La petición se suma a otras iniciativas recientes de Intercids relacionadas con la participación de las entidades de protección animal en los procedimientos judiciales. En 2025, la organización ya planteó modificaciones legislativas para preservar la posibilidad de ejercer la acusación popular en los delitos contra los animales, al considerar que se trata de delitos de carácter público y que las propias víctimas animales no pueden ejercer directamente sus derechos procesales.
En el caso de la futura ley anti-SLAPP, su propuesta se centra ahora en que la defensa de los animales sea reconocida expresamente como una actividad vinculada a un interés público, de manera que quienes intervienen en este ámbito puedan quedar protegidos frente al uso abusivo de los procedimientos judiciales.
