La protectora reclama que se revoque la suspensión de los 18 meses de cárcel impuestos a uno de los cazadores condenados por maltrato animal, después de que dos informes de detectives privados apuntaran a que habría continuado teniendo, criando y comercializando animales pese a la prohibición judicial. La Fiscalía y la asociación han presentado acusación por un presunto delito de quebrantamiento de condena y ya se ha acordado la apertura de juicio oral.
El caso conocido como la «finca de los horrores» de Cabra (Córdoba), uno de los episodios de maltrato animal que mayor indignación provocó en los últimos años, vuelve a los tribunales. La asociación protectora Galgos del Sur ha solicitado el ingreso en prisión de uno de los dos cazadores condenados en 2022 por mantener a decenas de perros en condiciones extremas de abandono y sufrimiento.
La petición, presentada con la asistencia jurídica de la abogada especializada en derecho animal Dulce Aguilera, pretende que el Tribunal de Instancia revoque la suspensión de la pena de 18 meses de prisión que se le impuso al condenado. La protectora considera que existen indicios de que habría incumplido las condiciones establecidas judicialmente para evitar su ingreso en la cárcel, entre ellas la obligación de no volver a delinquir durante un periodo de dos años.
Dos investigaciones apuntan a que habría seguido teniendo animales
La asociación comenzó a recibir avisos de ciudadanos que alertaban de que uno de los condenados podría continuar teniendo animales, pese a la inhabilitación judicial que le prohibía hacerlo.
Ante estas informaciones, Galgos del Sur decidió contratar investigadores privados para comprobar los hechos y reunir pruebas. El resultado fueron dos informes periciales elaborados por detectives, separados por aproximadamente un año, que, según las acusaciones, documentarían que el investigado habría continuado con la tenencia, cría y comercialización de animales en distintas fincas. Estos hechos dieron lugar a un nuevo procedimiento judicial por un presunto delito de quebrantamiento de condena, recogido en el artículo 468.1 del Código Penal.
Tanto el Ministerio Fiscal como Galgos del Sur, que ejerce la acusación particular, han presentado escritos de acusación. El 15 de junio de 2026 se acordó la apertura de juicio oral, un avance procesal que permite que los hechos sean examinados en el correspondiente procedimiento judicial.
La Fiscalía y la protectora solicitan para el acusado una pena de 24 meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, además de las costas procesales. También se ha requerido al investigado una fianza de 19.152 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas. Paralelamente, Galgos del Sur solicita que se revoque la suspensión de la condena original y que se ordene el cumplimiento efectivo de los 18 meses de prisión.
El origen: 29 perros sometidos a condiciones extremas
Para comprender la importancia de esta nueva actuación judicial hay que recordar lo sucedido en octubre de 2020, cuando la Policía Local de Cabra y la Guardia Civil, junto con Galgos del Sur, intervinieron en una finca donde encontraron decenas de perros en condiciones absolutamente deplorables.
La sentencia dictada en octubre de 2022 por el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba consideró probado que los dos responsables habían mantenido durante meses a 29 perros en una situación de abandono extremo. Algunos animales permanecían encadenados a los olivos, sin agua ni comida, expuestos a las inclemencias meteorológicas y rodeados de basura, excrementos y restos óseos de otros perros. Otros se encontraban en recintos insalubres, donde recibían alimentos en condiciones inadecuadas y agua no potable.
El estado de los animales era dramático. Dos de ellos murieron como consecuencia de aquella situación, uno de los cuales tuvo que ser sacrificado mediante eutanasia debido a la gravedad de sus lesiones y enfermedades. Los supervivientes presentaban numerosos problemas de salud, entre ellos desnutrición, deshidratación, leishmaniosis, dermatitis, heridas, infecciones y otras patologías que requirieron atención veterinaria.
Durante la intervención fueron decomisados 24 perros, de los que Galgos del Sur se hizo cargo de 21, asumiendo su recuperación y posterior protección.
Una condena que pretendía impedir que volvieran a tener animales
En octubre de 2022, el juzgado condenó a los dos responsables a 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para la tenencia de animales y para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad comercial relacionada con ellos. La resolución incluyó también indemnizaciones por los gastos veterinarios y los daños morales ocasionados a la asociación protectora.
La sentencia supuso un importante precedente en la lucha judicial contra el maltrato animal, tanto por las penas impuestas como por el reconocimiento de la labor de las entidades de protección animal que intervienen en estos procedimientos.
Sin embargo, las nuevas investigaciones han llevado a Galgos del Sur a denunciar que uno de los condenados podría haber continuado desarrollando actividades relacionadas con animales pese a la prohibición judicial.
Galgos del Sur reclama que las condenas se cumplan
Desde la asociación consideran que las penas y las inhabilitaciones por maltrato animal deben tener consecuencias efectivas y no quedarse en meras resoluciones judiciales sin aplicación práctica.
La protectora insiste en que detrás de la sentencia original hubo decenas de animales sometidos a un sufrimiento extremo y que resulta imprescindible garantizar que las prohibiciones impuestas por los tribunales se respeten.
Por ello, ha anunciado que continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para defender a los animales y exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de las inhabilitaciones para la tenencia de animales como instrumento de prevención de nuevos episodios de maltrato. Si se demuestra que el condenado incumplió las prohibiciones impuestas, la respuesta judicial deberá valorar las consecuencias de ese comportamiento. Mientras tanto, será el procedimiento judicial el que determine si existió efectivamente un nuevo delito de quebrantamiento de condena.
