El servicio mancomunado de recogida de animales abandonados o extraviados ha atendido más de 1.400 animales durante su primer año de funcionamiento. Sin embargo, la referencia a «tender al sacrificio cero» en la gestión de estos animales abre un debate sobre el cumplimiento de la Ley 7/2023, que prohíbe el sacrificio por falta de espacio, motivos económicos o dificultades para encontrar adoptantes. Desde el ámbito de la protección animal se reclama transparencia y se pedirán datos sobre los animales sacrificados en los centros que gestionan el servicio.
El servicio compartido por las comarcas valencianas de la Ribera y la Safor ha superado los 1.400 animales recogidos de la vía pública durante su primer año de funcionamiento. El balance refleja la dimensión de un problema que requiere recursos, coordinación administrativa y una respuesta continuada para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales que se encuentran perdidos o abandonados.
La iniciativa se enmarca en un modelo de colaboración entre administraciones locales que permite compartir medios y organizar la recogida y atención de animales que necesitan asistencia. Este tipo de servicios resulta especialmente relevante para los municipios con menos recursos, que pueden encontrar dificultades para mantener por sí solos una infraestructura especializada.
No obstante, más allá de las cifras de recogida, existe una cuestión fundamental que debe aclararse: ¿qué ocurre con los animales que no son recuperados por sus responsables ni encuentran una familia adoptiva?
«Tender al sacrificio cero»: una expresión que exige aclaraciones
En la información difundida sobre el servicio se señala que su dirección busca potenciar las adopciones y «tender al sacrificio cero» en la gestión de los animales abandonados. Esta formulación ha suscitado preocupación entre quienes defienden que el sacrificio de animales de compañía por determinadas razones organizativas o económicas ya está expresamente prohibido por la legislación estatal.
El sacrificio cero no puede presentarse simplemente como una tendencia que las administraciones podrían alcanzar algún día. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece una prohibición expresa del sacrificio de animales de compañía, salvo en supuestos excepcionales previstos legalmente.
Por este motivo, desde el ámbito de la protección animal se considera necesario conocer qué criterios se están aplicando en los centros que gestionan la recogida, cuál es el destino final de los animales atendidos y qué medidas se adoptan para evitar sacrificios contrarios a la ley.
Además, se solicitarán datos oficiales sobre el número de animales sacrificados en los centros que prestan este servicio, las causas alegadas y la documentación veterinaria que, en su caso, justifique cada procedimiento.
También se ha recibido información que apunta a que presuntamente algunos animales podrían haber sido sacrificados. Esta circunstancia deberá ser comprobada mediante la documentación correspondiente y las respuestas de las entidades responsables. No cabe dar por acreditados esos hechos sin verificar los datos, pero sí exigir las explicaciones necesarias para esclarecerlos.
Qué prohíbe la Ley 7/2023
El artículo 27.a de la Ley estatal 7/2023 establece expresamente: «Su sacrificio, salvo por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente».
La norma añade que se prohíbe el sacrificio en centros de protección animal, públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos por motivos económicos, de sobrepoblación, falta de plazas, imposibilidad de encontrar adoptante en un plazo determinado, abandono por parte del responsable legal, vejez o enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, entre otras causas.
La ley también establece que la eutanasia solo está justificada, bajo criterio y control veterinario, cuando su finalidad sea evitar el sufrimiento derivado de causas no recuperables que comprometan seriamente la calidad de vida del animal. Esta situación debe ser acreditada y certificada por un profesional veterinario colegiado, y el procedimiento debe realizarse por personal habilitado y mediante métodos humanitarios.
Por tanto, conviene distinguir entre el sacrificio prohibido por razones de gestión y la eutanasia que, en las condiciones estrictas establecidas por la ley, puede resultar necesaria para evitar un sufrimiento irreversible.
La falta de espacio, la saturación de las instalaciones o la dificultad para encontrar adoptantes no pueden convertirse en justificaciones para acabar con la vida de los animales. Si un centro se encuentra desbordado, la respuesta debe pasar por mejorar la capacidad de acogida, reforzar las adopciones, impulsar la colaboración entre municipios y desarrollar alternativas de alojamiento.
Cooperación municipal para mejorar la protección animal
La gestión conjunta permite coordinar la recogida de animales, su traslado a instalaciones de acogida y la atención que necesitan mientras se intenta localizar a sus responsables o encontrarles una familia adoptiva.
El Centro de Acogida de Animales de Tavernes de la Valldigna, impulsado por el Consorcio de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, se inauguró en octubre de 2025 para prestar servicio a 61 municipios.
Las instalaciones cuentan con capacidad para más de cien perros y cien gatos, además de espacios veterinarios y áreas destinadas a la atención de los animales. El proyecto contempla también acciones de sensibilización, formación y fomento de las adopciones.
La cooperación supramunicipal puede ser una herramienta eficaz para mejorar la atención y distribuir los costes, pero debe ir acompañada de mecanismos de control, transparencia y evaluación de resultados. El número de animales recogidos es un indicador relevante, aunque insuficiente para conocer la calidad de la gestión.
También es necesario conocer cuántos animales han sido devueltos a sus familias, cuántos han sido adoptados, cuántos permanecen en las instalaciones y cuál ha sido el destino de los que han fallecido o han sido sometidos a eutanasia.
El abandono animal exige prevención, recursos y transparencia
La recogida de animales de la vía pública constituye una parte esencial de la protección animal, pero no resuelve por sí sola las causas del problema. La identificación mediante microchip, la educación sobre tenencia responsable, la prevención del abandono y la promoción de adopciones son herramientas fundamentales para reducir el número de animales que terminan en la calle.
Los servicios públicos y las entidades que asumen esta responsabilidad deben contar con recursos suficientes, personal preparado, atención veterinaria y protocolos claros. La transparencia sobre el destino de los animales atendidos también resulta imprescindible para que la ciudadanía pueda comprobar que se cumple la normativa.
Superar los 1.400 animales recogidos en un año demuestra la actividad desarrollada por el servicio, pero también pone de manifiesto la dimensión del desafío. El objetivo no debe limitarse a retirar animales de la vía pública, sino garantizar su protección durante todo el proceso y reducir progresivamente el abandono.
El sacrificio de animales de compañía por falta de espacio, por razones económicas o por no encontrar adoptantes está prohibido por la Ley 7/2023. Por ello, la exigencia ahora es conocer los datos, comprobar las actuaciones realizadas y garantizar que todas las entidades responsables cumplen la legislación. La protección animal no puede quedarse en una declaración de intenciones: debe traducirse en procedimientos verificables, resultados transparentes y respeto efectivo a la vida de los animales.
