El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, reclama una “reflexión como país” sobre la fiscalidad de los servicios veterinarios ante el incremento de los precios y plantea garantizar atención de urgencias 24 horas en todo el territorio.
La rebaja del IVA aplicado a los servicios veterinarios vuelve al debate político como una de las cuestiones pendientes que deberá abordar la próxima legislatura. La reclamación, defendida desde hace años por el sector veterinario, ha sido recuperada ahora por el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, en el marco de una jornada sobre el enfoque ‘One Health’ celebrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Becerra ha defendido la necesidad de abrir una “reflexión como país” sobre cuál debe ser el IVA que se aplica a los servicios veterinarios, a los que ha definido como un servicio sanitario esencial tanto para la salud humana como para el bienestar animal.
La cuestión adquiere especial relevancia ante el incremento de los costes de la atención veterinaria. Según los datos citados por el director general, los precios de estos servicios aumentaron un 5% interanual en agosto, una evolución que está dificultando el acceso de muchas familias a tratamientos, revisiones y otros cuidados necesarios para sus animales de compañía.
Una cuestión que afecta a millones de hogares
El impacto de la atención veterinaria trasciende, según Derechos Sociales, al ámbito estrictamente animal. El 52% de los hogares españoles convive con animales de compañía, por lo que cualquier incremento significativo de los costes de la atención sanitaria tiene una repercusión directa sobre un número elevado de familias.
Becerra ha recordado en este contexto el programa ‘Mejores Amigos’, destinado a facilitar el acceso a servicios veterinarios a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, ha advertido de que el encarecimiento de estos servicios está afectando también a familias que no se encuentran necesariamente dentro de los colectivos cubiertos por este tipo de iniciativas.
La rebaja del IVA pretende, por tanto, situarse en un debate más amplio sobre el acceso a la atención veterinaria y sobre la consideración de los animales de compañía dentro de las políticas públicas de cuidados.
El reto de garantizar las urgencias veterinarias
La fiscalidad no es el único desafío señalado por el director general de Derechos de los Animales. Becerra también ha reclamado avanzar hacia un modelo que garantice la disponibilidad de atención veterinaria durante las 24 horas allí donde sea necesaria.
La propuesta cobra especial importancia en las zonas rurales y despobladas, donde la disponibilidad de determinados servicios sanitarios veterinarios puede ser más limitada. La Administración considera que, si la veterinaria desempeña un papel esencial dentro del enfoque ‘One Health’, debe existir una respuesta adecuada en todo el territorio.
El objetivo sería avanzar hacia unas condiciones de acceso más homogéneas para la ciudadanía y garantizar que los animales puedan recibir asistencia urgente independientemente de su lugar de residencia.
Una reivindicación que vuelve a quedar pendiente
La reducción del IVA veterinario no es una reivindicación nueva. El debate fiscal sobre estos servicios lleva años apareciendo en la agenda política sin que se haya materializado una reducción estable. De hecho, distintas propuestas para rebajar esta carga fiscal han sido planteadas en anteriores legislaturas, pero han quedado finalmente aparcadas.
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre vuelve a introducir incertidumbre sobre las iniciativas que se encontraban en tramitación y deja para la próxima legislatura buena parte de las reivindicaciones del sector veterinario. Entre ellas figuran cuestiones relacionadas con el IVA, los medicamentos veterinarios, el reconocimiento sanitario y profesional de la veterinaria y las políticas de protección y bienestar animal.
Con este escenario, Derechos Sociales sitúa la rebaja del IVA y la garantía de atención veterinaria 24 horas entre los asuntos que deberán abordarse en la próxima legislatura si se pretende reforzar el papel del bienestar animal dentro de las políticas públicas de cuidados.
