El Consejo Consultivo de Andalucía considera procedente una indemnización de 25.000 euros al CSIC por la muerte de cuatro gacelas y un arruí en la Finca Experimental La Hoya, en Almería. El caso trasciende el ámbito municipal y plantea una cuestión de alcance nacional: ¿qué responsabilidad deben asumir las administraciones cuando sus actividades provocan daños a animales protegidos, aunque se hayan respetado los límites acústicos legales?
El caso tiene una relevancia que va más allá de Almería. Pone sobre la mesa la necesidad de que las administraciones incorporen la protección animal y la evaluación de riesgos ambientales a la planificación de sus actividades culturales, festivas y recreativas, especialmente cuando se desarrollan junto a centros de investigación o espacios que albergan especies amenazadas.
El Ayuntamiento eligió poner la fiesta por delante de la protección animal
Uno de los aspectos más relevantes del expediente es que el CSIC había advertido al Ayuntamiento de los posibles efectos del ruido sobre los animales y había solicitado que los conciertos se celebraran en otro emplazamiento.
Pese a esas advertencias, los eventos se llevaron a cabo. Tras la muerte de los ejemplares, el organismo científico presentó una reclamación patrimonial de 414.460,74 euros, cantidad que el Consejo Consultivo considera que debe quedar reducida a una indemnización de 25.000 euros.
El dictamen introduce una distinción importante: respetar los límites acústicos establecidos en la normativa no significa necesariamente que una actividad esté exenta de provocar daños. Los animales pueden experimentar respuestas de estrés ante determinados estímulos sonoros, por lo que la planificación de eventos debe tener en cuenta las características de las especies presentes y las advertencias de los especialistas.
El Consejo Consultivo ha considerado que existen elementos suficientes para apreciar responsabilidad patrimonial municipal, pese a que las mediciones acústicas cumplieran los límites legales. La responsabilidad de una administración puede derivarse de su funcionamiento normal y no exige necesariamente que se haya cometido una infracción normativa.
Un caso que interpela a todas las administraciones
La relevancia nacional de este episodio reside en una cuestión fundamental: la responsabilidad pública no puede limitarse al cumplimiento formal de los reglamentos. También exige valorar las consecuencias previsibles de las decisiones administrativas, especialmente cuando existen advertencias técnicas sobre posibles daños a seres vivos.
El caso de La Hoya muestra la importancia de escuchar a los especialistas antes de autorizar actividades que pueden afectar a animales vulnerables. La planificación de conciertos, festivales y otros acontecimientos debe integrar criterios de prevención, evaluación del impacto y protección de la fauna, sin confiar exclusivamente en unas mediciones acústicas diseñadas para proteger la salud humana.
Este principio resulta especialmente importante en espacios próximos a zoológicos, centros de recuperación, instalaciones científicas, reservas y otros lugares donde viven animales cuya sensibilidad a los estímulos ambientales puede diferir de la humana.
La prevención no debería depender de que se produzca una tragedia para que se revisen las decisiones adoptadas. Cuando los expertos advierten de un riesgo concreto, la administración debe valorar esas advertencias y justificar adecuadamente cualquier decisión que pueda comprometer el bienestar animal.
La vía penal se archivó, pero persiste la posible responsabilidad patrimonial
El caso presenta también una distinción jurídica importante. La investigación penal fue archivada al no apreciarse indicios suficientes de delito, pero esa decisión no impide examinar la posible responsabilidad patrimonial de la Administración.
El Consejo Consultivo ha considerado que procede una indemnización de 25.000 euros, frente a los más de 414.000 euros reclamados inicialmente por el CSIC. Su dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que corresponde al Ayuntamiento resolver el procedimiento y decidir cómo actuar ante el pronunciamiento del órgano consultivo.
Por tanto, no debe confundirse la propuesta de indemnización con una condena penal ni darse por cerrada la cuestión económica mientras el Consistorio no adopte una decisión definitiva.
La protección animal debe formar parte del buen gobierno
La muerte de estos cinco animales pone de manifiesto que la protección animal no puede quedar relegada a una declaración de intenciones. Debe integrarse en la gestión cotidiana de las administraciones, desde la contratación de actividades culturales hasta la planificación urbanística, la gestión de espacios naturales y la conservación de especies amenazadas.
También evidencia la necesidad de mejorar los protocolos de coordinación entre responsables políticos, técnicos municipales y especialistas científicos. La información disponible y las advertencias profesionales deben tener un peso real en las decisiones, sobre todo cuando existen alternativas que permitirían evitar riesgos innecesarios.
La cuestión de fondo no es si deben celebrarse conciertos o si las actividades culturales son compatibles con la conservación. Es cómo se organizan, dónde se desarrollan y qué precauciones se adoptan para impedir que el ocio, la actividad económica o los intereses organizativos se impongan sobre la seguridad y el bienestar de los animales.
El caso de La Hoya debería servir de advertencia para todas las administraciones españolas: cumplir los límites reglamentarios no siempre basta para garantizar una gestión responsable. Gobernar también significa anticiparse a los riesgos, escuchar a la ciencia y asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas. Cuando existen advertencias especializadas, ignorarlas puede terminar teniendo un coste económico, institucional y, sobre todo, irreparable para los animales afectados.
