La Federación Española de Municipios y Provincias defiende la capacitación de los profesionales, la cooperación entre administraciones y una financiación suficiente para aplicar eficazmente la legislación de protección animal.
La formación del personal de las administraciones públicas es uno de los elementos fundamentales para garantizar una aplicación efectiva de la normativa de protección animal. Así lo ha señalado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante una jornada técnica celebrada el 26 de octubre en Madrid, centrada en el marco regulatorio de los animales de compañía y en los retos que plantea su aplicación en el ámbito local.
El encuentro, organizado por la Dirección General de Derechos de los Animales en la sede de la FEMP, abordó la necesidad de proporcionar a los ayuntamientos herramientas formativas e informativas para mejorar la gestión de las políticas públicas relacionadas con la protección animal, el abandono y la tenencia responsable.
Los ayuntamientos, actores esenciales en la protección animal
El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, destacó el papel que desempeñan los gobiernos locales en la prevención y gestión de las situaciones que afectan al bienestar de los animales. Los ayuntamientos constituyen, en muchos casos, la administración más próxima a la ciudadanía y la primera instancia a la que se acude ante problemas relacionados con animales abandonados, maltrato, conflictos de convivencia o gestión de colonias felinas.
La aplicación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, supone un importante desafío para las entidades locales, que deben adaptar sus procedimientos y servicios a las obligaciones establecidas por la legislación.
Para la FEMP, la respuesta no puede limitarse a disponer de normas. Es necesario que quienes deben aplicarlas cuenten con conocimientos actualizados, recursos técnicos y medios suficientes para desarrollar sus funciones.
La federación trabaja, por ello, en acciones formativas dirigidas al personal técnico municipal que permitan abordar los cambios normativos y mejorar la gestión de los diferentes ámbitos de la protección animal, incluidas las colonias felinas.
Formación especializada para una aplicación efectiva de la ley
La complejidad de la normativa exige que los profesionales implicados en su aplicación dispongan de una preparación adecuada a sus responsabilidades. La gestión municipal de la protección animal comprende actuaciones muy diversas, desde la atención a animales abandonados hasta la tramitación de expedientes, la supervisión de servicios y la aplicación de las obligaciones legales en materia de bienestar.
En este contexto, la formación debe contribuir a mejorar la capacidad de las administraciones para identificar situaciones de riesgo, actuar conforme a la legislación y coordinar la intervención de los distintos servicios implicados.
La capacitación también resulta relevante para los cuerpos policiales que intervienen en actuaciones relacionadas con el maltrato, el abandono o el incumplimiento de la normativa. Una preparación especializada facilita la identificación de indicios, la correcta elaboración de diligencias y la coordinación con los servicios veterinarios, las autoridades administrativas y los órganos judiciales cuando resulte necesario.
La mejora de estas competencias puede favorecer una actuación más homogénea y eficaz, evitando que la protección de los animales dependa excesivamente de los conocimientos individuales de los profesionales o de los recursos disponibles en cada municipio.
Financiación suficiente y cooperación entre administraciones
Uno de los aspectos destacados por Martínez-Sicluna fue la necesidad de acompañar el compromiso institucional y la formación profesional con una financiación adecuada.
Las entidades locales deben afrontar numerosas obligaciones relacionadas con la protección animal, pero su capacidad para desarrollar políticas eficaces depende de los recursos humanos, técnicos y económicos de los que dispongan. Sin financiación suficiente, la aplicación de las exigencias legales puede encontrar importantes dificultades, especialmente en los municipios con menor capacidad presupuestaria.
La FEMP reclama, además, reforzar la colaboración entre administraciones y favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas. La coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos puede facilitar la difusión de soluciones, mejorar los procedimientos y reducir las diferencias territoriales en la prestación de los servicios.
El objetivo es avanzar hacia una protección animal más eficaz y coordinada, que permita responder adecuadamente a las necesidades de los animales y a las demandas de la sociedad.
La protección animal como política pública
La FEMP considera que la protección animal forma parte de las políticas públicas vinculadas a la convivencia, la sostenibilidad, la salud pública y la responsabilidad social. Esta perspectiva refuerza la necesidad de integrar el bienestar animal en la planificación y gestión ordinaria de los servicios municipales.
La evolución de la sensibilidad social hacia los animales exige que las administraciones respondan con medidas concretas, profesionales preparados y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales.
La jornada celebrada en Madrid pone de relieve que la formación constituye una herramienta necesaria para avanzar en esa dirección. Sin embargo, su eficacia dependerá de que las iniciativas formativas tengan continuidad y se acompañen de recursos suficientes, asistencia técnica y una cooperación institucional estable.
Garantizar el bienestar animal requiere, en definitiva, algo más que aprobar leyes: exige administraciones capacitadas para aplicarlas, profesionales con formación especializada y medios adecuados para convertir los derechos reconocidos en la legislación en una protección efectiva para los animales.
