La resolución judicial vuelve a poner el foco en la responsabilidad de quienes explotan instalaciones de cría de animales y en la necesidad de garantizar unas condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación y atención veterinaria. El maltrato animal en instalaciones dedicadas a la cría vuelve a situarse en el centro de la actualidad judicial. Un tribunal de Burgos ha condenado al propietario de un criadero por unos hechos que afectaron a más de un centenar de perros y que tuvieron como consecuencia la muerte de 21 animales, según la información difundida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante la intervención encontraron a más de cien perros en condiciones deplorables. Los animales carecían de comida y de agua accesible, mientras que los recipientes utilizados como bebederos podían volcarse con facilidad y presentaban bordes peligrosos que podían causarles heridas.
Las instalaciones tampoco reunían las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los animales. Faltaban alojamientos adecuados y zonas cubiertas suficientes, así como espacios específicos para aislar a los perros enfermos y para atender a las hembras gestantes y a sus cachorros. La gravedad de la situación obligó a retirar inmediatamente a cinco animales que se encontraban en riesgo extremo.
El establecimiento contaba, además, con antecedentes de inspecciones y con un procedimiento penal anterior que había concluido con una condena por maltrato animal. Esta circunstancia vuelve a poner de relieve la importancia de que las actuaciones administrativas y judiciales tengan continuidad y permitan evitar que situaciones de desatención grave se prolonguen en el tiempo.
Dos años y medio de prisión e indemnizaciones
La Sección Penal, plaza número 2, del Tribunal de Instancia de Burgos ha impuesto al responsable del criadero una pena de dos años y seis meses de prisión por los hechos enjuiciados.
La sentencia lo considera responsable de dos delitos continuados de maltrato animal y de un delito de alzamiento de bienes. Además de la pena de prisión, establece distintas obligaciones económicas.
El condenado deberá indemnizar con 12.018,81 euros a la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos y con 185.617,72 euros a la Junta de Castilla y León, según la información publicada sobre la resolución judicial.
No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Burgos. Por tanto, la resolución todavía está sujeta a los posibles recursos judiciales.
La protección animal exige vigilancia y prevención
Este caso evidencia que la protección de los animales no puede limitarse a la existencia de leyes que sancionen el maltrato. También requiere inspecciones eficaces, seguimiento de los establecimientos que presentan deficiencias y coordinación entre las autoridades administrativas, los servicios veterinarios, las fuerzas policiales y la Justicia.
Los criaderos deben garantizar que todos los animales a su cargo dispongan de agua, alimentación, alojamiento apropiado, condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y atención veterinaria. Cuando estas obligaciones se incumplen de forma grave, las consecuencias pueden afectar a decenas o centenares de animales.
La reiteración de problemas en un establecimiento que ya había sido objeto de actuaciones previas plantea, además, una cuestión fundamental: la detección de una situación de maltrato debe ir acompañada de medidas capaces de impedir que vuelva a producirse.
La intervención del SEPRONA y la posterior respuesta judicial muestran la importancia de la actuación policial y de la persecución penal de estas conductas. También ponen de manifiesto el papel que pueden desempeñar las asociaciones de protección animal en la defensa de los animales afectados y en los procedimientos judiciales.
La muerte de 21 perros y el maltrato de cerca de un centenar constituyen un recordatorio de la responsabilidad que implica mantener animales bajo cuidado humano. La eficacia de la protección animal depende tanto de la contundencia de las resoluciones judiciales como de la capacidad de las administraciones para prevenir nuevas situaciones de sufrimiento y garantizar que las obligaciones legales se cumplan de manera efectiva.
