La Guardia Civil investiga al propietario de dos perros que salieron de una vivienda y atacaron mortalmente a otro animal en El Royo. El SEPRONA centró sus pesquisas en las medidas de seguridad, vigilancia y control, después de que el dueño no pudiera presentar la documentación sanitaria ni el seguro de responsabilidad civil cuando se los solicitaron los agentes.
La muerte de un perro de raza Jack Russell tras el ataque de dos perros de tipología American Bully ha motivado la detención de su propietario en el municipio soriano de El Royo. La Guardia Civil le considera presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, en su modalidad de comisión por omisión, una figura jurídica que permite investigar si una persona puede responder penalmente por un resultado lesivo cuando incumple un deber legal de actuación.
Los hechos ocurrieron durante este mes de octubre, cuando una mujer paseaba por una calle de la localidad con su perro, que llevaba sujeto con una correa. Según el relato recogido por los agentes, dos perros salieron de una vivienda y se abalanzaron sobre el Jack Russell, provocándole lesiones que acabaron con su vida.
El suceso ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de quienes tienen animales a su cargo y en la obligación de adoptar medidas eficaces para impedir que puedan escapar, atacar a otros animales o generar situaciones de peligro en los espacios públicos.
La intervención de la Guardia Civil y del SEPRONA
La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil recibió el aviso sobre la agresión entre los perros. Una patrulla del puesto de Covaleda se desplazó hasta el lugar, donde tomó declaración a la propietaria del animal fallecido y realizó las primeras diligencias.
Los agentes identificaron al titular de los dos perros implicados y le requirieron la documentación sanitaria de los animales, así como el seguro de responsabilidad civil. En ese momento, el propietario no pudo aportar ninguno de esos documentos.
Posteriormente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las posibles responsabilidades del dueño.
Las pesquisas se centraron en las medidas de seguridad, vigilancia y control de los dos perros, descritos en la información difundida como animales potencialmente peligrosos. La investigación debía determinar si se habían cumplido las obligaciones aplicables a su tenencia y si existían elementos suficientes para atribuir al propietario una responsabilidad penal por el resultado mortal.
Tras las actuaciones practicadas, el SEPRONA procedió a la detención del dueño. Las diligencias fueron remitidas al Decanato de los Juzgados de Soria para su tramitación judicial.
¿Qué significa el presunto delito de maltrato animal por comisión por omisión?
La calificación jurídica atribuida provisionalmente al detenido merece especial atención. La comisión por omisión puede producirse cuando una persona que tiene una obligación jurídica específica de impedir un resultado no actúa para evitarlo y concurren los requisitos exigidos por la legislación penal.
En el ámbito de la tenencia de animales, las obligaciones de custodia y control pueden resultar relevantes para valorar si el responsable adoptó las medidas necesarias para evitar un ataque. Sin embargo, la existencia de un resultado mortal no determina automáticamente la comisión de un delito: es necesario acreditar las circunstancias concretas, el deber de actuación incumplido y los demás elementos exigidos por el Código Penal.
El artículo 340 bis del Código Penal regula distintos delitos de maltrato animal y contempla penas agravadas cuando se produce la muerte de determinados animales. La pena concreta que pudiera corresponder en este caso dependerá de la calificación jurídica definitiva y de los hechos que se consideren probados durante el procedimiento.
Por tanto, la detención constituye una actuación dentro de una investigación penal y no equivale a una condena. Corresponderá a los órganos judiciales determinar si existe responsabilidad criminal.
La importancia de la tenencia responsable y de las medidas de seguridad
El caso también pone de relieve la necesidad de diferenciar entre la responsabilidad individual del propietario y las características de los animales implicados. La tipología racial, por sí sola, no permite establecer que un perro sea agresivo ni sustituye la valoración de su comportamiento y de las circunstancias del incidente.
La normativa española establece obligaciones específicas para determinados perros considerados potencialmente peligrosos. La Ley 50/1999 y su normativa de desarrollo regulan aspectos como las licencias, las medidas de seguridad y las condiciones de tenencia, mientras que la legislación de protección animal establece otras obligaciones generales para las personas responsables de animales de compañía.
La aplicación de estos requisitos depende de la clasificación legal del animal y de la normativa correspondiente. En particular, debe distinguirse entre la identificación de un perro como perteneciente a una determinada tipología y la comprobación de que reúne los criterios legales para quedar sujeto a un régimen específico.
En cualquier caso, impedir que los animales salgan sin control, mantener unas condiciones de custodia adecuadas y cumplir las obligaciones documentales y de aseguramiento que resulten exigibles son aspectos esenciales de la tenencia responsable.
La protección de los animales también exige prevención
La víctima de este ataque era un perro que, según el testimonio recogido por los agentes, paseaba sujeto con correa cuando fue atacado por los dos animales que salieron de una vivienda. Este detalle resulta especialmente relevante para comprender la situación de vulnerabilidad en la que se encontró tanto el animal como su propietaria.
La prevención de estos sucesos requiere una combinación de responsabilidad individual, cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y actuación diligente de las autoridades cuando existen indicios de incumplimientos o situaciones de riesgo.
La intervención policial y la investigación del SEPRONA permiten esclarecer los hechos, reunir pruebas y determinar si procede exigir responsabilidades administrativas o penales. También contribuyen a recordar que la convivencia segura entre animales y personas no depende únicamente de reaccionar después de un ataque, sino de adoptar previamente las medidas necesarias para evitarlo.
La muerte del Jack Russell supone una pérdida para su propietaria y evidencia las consecuencias que pueden derivarse de una custodia inadecuada. La investigación judicial deberá establecer ahora si el propietario de los dos American Bully incurrió en la responsabilidad penal que se le atribuye provisionalmente.
