El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechaza el recurso de un hombre sancionado por utilizar métodos de caza no selectivos prohibidos en Bizkaia. La resolución establece que una absolución penal no impide imponer una sanción administrativa cuando ambas actuaciones protegen bienes jurídicos diferentes.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sanción impuesta por la Diputación Foral de Bizkaia a un hombre por la colocación de una trampa ilegal en la que murió una perra de raza mastín leonés. La sanción asciende a 1.500 euros e incluye la prohibición de cazar durante dos años por el empleo de medios de caza no selectivos expresamente prohibidos por la normativa autonómica.
Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2021, cuando agentes forestales y efectivos de la Policía Local localizaron una trampa en un terreno utilizado por el sancionado, situado en el municipio vizcaíno de Abanto y Zierbena. En el dispositivo apareció muerta por estrangulamiento una perra propiedad de un vecino colindante.
El caso ha llegado a los tribunales después de que el afectado recurriera la sanción administrativa, alegando que ya había sido juzgado penalmente por los mismos hechos y absuelto. Sin embargo, el TSJPV ha rechazado este argumento y ha avalado la actuación de la Administración foral.
Una trampa oculta entre la vegetación
El dispositivo localizado consistía en un lazo metálico sujeto a una varilla clavada en el suelo y oculto entre la vegetación. En el lugar también se encontraron tablillas con clavos y otros elementos.
La resolución administrativa consideró que se trataba de un método de captura no selectivo, expresamente prohibido por la legislación cinegética vasca, al no permitir discriminar adecuadamente qué animal podía quedar atrapado.
La consecuencia fue la imposición de una multa de 1.500 euros y la suspensión del derecho a cazar durante dos años. La sanción no se fundamentó exclusivamente en la muerte de la perra, sino en la utilización de un medio de caza prohibido, conducta que constituye por sí misma una infracción administrativa.
Una absolución penal no excluye la sanción administrativa
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes de la sentencia es la distinción entre la responsabilidad penal y la administrativa.
El recurrente sostuvo que la sanción vulneraba el principio non bis in idem, que impide castigar dos veces a una persona por los mismos hechos cuando concurren los requisitos legales para apreciar esa duplicidad.
El TSJPV ha rechazado esta interpretación. Según explica la resolución, el procedimiento penal examinó los hechos desde la perspectiva de los posibles delitos contra la fauna y de maltrato animal, mientras que el expediente administrativo se centró en la utilización de métodos de caza no selectivos prohibidos por la Ley 2/2011 de Caza del País Vasco.
La Sala considera que ambos procedimientos protegen bienes jurídicos diferentes. En el ámbito penal se valoran las conductas que pueden constituir delitos contra la fauna o los animales; en el administrativo, se protege la correcta ordenación de la actividad cinegética y el cumplimiento de las reglas sobre los medios de captura autorizados.
Por ello, la absolución penal no elimina automáticamente la responsabilidad administrativa derivada de una infracción distinta, aunque ambas actuaciones tengan su origen en los mismos acontecimientos.
La importancia de los métodos de captura selectivos
El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos que entrañan las trampas que no permiten seleccionar la especie que se pretende capturar. Estos dispositivos pueden atrapar animales domésticos y fauna silvestre de manera indiscriminada, provocando lesiones graves o la muerte.
La regulación cinegética establece limitaciones destinadas a evitar el uso de métodos prohibidos y a garantizar que la actividad se desarrolle dentro de los límites legales. Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas, con independencia de que los hechos alcancen o no la gravedad necesaria para constituir un delito.
La muerte de la mastina evidencia, además, las consecuencias que pueden tener estos dispositivos para animales que no son objeto de actividad cinegética y que pueden acceder a terrenos donde se han instalado trampas ocultas.
Una resolución todavía recurrible
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Hasta que se produzca una eventual revisión judicial, el pronunciamiento confirma la sanción administrativa impuesta por la Diputación Foral de Bizkaia y respalda la posibilidad de exigir responsabilidad por el uso de métodos de caza prohibidos, aunque exista una absolución previa en el ámbito penal.
El fallo subraya así una distinción fundamental: que una conducta no haya dado lugar a una condena penal no significa necesariamente que sea lícita desde el punto de vista administrativo. La utilización de medios de captura prohibidos puede constituir una infracción autónoma y ser sancionada conforme a la normativa cinegética aplicable.
