La Justicia confirma que Virutas, un perro mestizo de edad avanzada, permanezca en su entorno habitual con su cuidadora y acompañe al hijo menor durante las estancias con su padre. La resolución tiene en cuenta la edad del animal, sus vínculos familiares y la capacidad de su entorno para garantizar sus cuidados.
La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado las medidas sobre la convivencia de un perro tras el divorcio de sus propietarios, al considerar que el régimen establecido en primera instancia es el que mejor protege su bienestar. La resolución desestima el recurso presentado por la propietaria y mantiene un sistema que permite al animal continuar en su domicilio habitual y acompañar al hijo menor cuando este pasa los fines de semana alternos y las vacaciones con su padre.
El caso, dado a conocer el 14 de octubre de 2026 por el medio especializado Animal’s Health, constituye un ejemplo de la aplicación práctica de la reforma del Código Civil que reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a tener en cuenta sus necesidades al adoptar decisiones familiares.
La edad y la estabilidad, factores determinantes
Virutas es un perro mestizo nacido en 2013 que ha vivido desde su nacimiento en el domicilio familiar, donde continúa residiendo la propietaria junto a sus hijos. La Audiencia considera que ese entorno constituye su espacio de referencia y que, debido a su edad, su capacidad para adaptarse a nuevos lugares puede haberse reducido.
Los magistrados también valoran las posibilidades de atención que ofrece el entorno familiar. Aunque reconocen que la discapacidad de la propietaria limita de forma importante los cuidados que puede prestar directamente, tienen en cuenta que el hijo, principal cuidador del perro, y su hermana pueden colaborar en su atención.
Otro elemento relevante es que el régimen de convivencia ya se venía aplicando durante los meses anteriores a la resolución. Virutas acompañaba al menor cuando este se desplazaba al domicilio paterno, una dinámica que la Audiencia considera compatible con su bienestar.
A partir de estas circunstancias, el tribunal concluye que la solución adoptada inicialmente permite mantener la estabilidad del animal y distribuir los tiempos de convivencia y cuidado sin imponerle cambios que podrían resultar desfavorables.
Los gastos veterinarios se repartirán entre ambos progenitores
La sentencia también confirma el sistema de reparto de los gastos relacionados con Virutas. Los gastos de alimentación corresponden al progenitor que tenga al menor a su cargo en cada momento, mientras que las vacunas, la atención veterinaria y los demás gastos extraordinarios —incluida la peluquería— deberán abonarse por mitad, previa justificación.
Además, la resolución contempla una circunstancia específica: si uno de los progenitores tiene que permanecer hospitalizado para someterse a una intervención médica, el otro deberá hacerse cargo del perro durante ese periodo.
La Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la resolución de primera instancia, sin imponer especialmente las costas de la segunda instancia.
El Código Civil sitúa el bienestar animal en las decisiones familiares
La resolución se apoya en el marco legal introducido por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, que modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el régimen jurídico de los animales.
En particular, el artículo 90 del Código Civil contempla que los convenios reguladores del divorcio incluyan las medidas relativas al destino de los animales de compañía, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, así como los tiempos de convivencia, los cuidados y el reparto de los gastos.
Este marco supone que las decisiones sobre los animales de compañía no deben abordarse exclusivamente como una disputa sobre la propiedad. La valoración judicial ha de atender también a sus circunstancias concretas, sus necesidades y las condiciones que permitan garantizar su cuidado.
El caso de Virutas muestra cómo estos criterios pueden traducirse en medidas adaptadas a cada familia. En lugar de establecer un reparto automático de tiempos entre los dos domicilios, la Audiencia confirma una solución que mantiene al perro en su entorno habitual y permite que continúe acompañando al menor durante sus estancias con su padre.
La decisión refuerza así una idea esencial de la legislación vigente: cuando se resuelve la convivencia de un animal tras una ruptura familiar, su bienestar debe ocupar un lugar central en la decisión judicial.
