Las nuevas directrices estatales de Protección Civil incorporan expresamente medidas para proteger a los animales frente a terremotos, erupciones volcánicas y accidentes con sustancias peligrosas, reforzando una obligación que ya recogía la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
España ha actualizado la planificación estatal de Protección Civil para afrontar algunos de los riesgos más graves que pueden afectar a la población. Las nuevas directrices básicas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2026, incluyen la protección de los animales entre los aspectos que deben contemplarse en la respuesta ante terremotos, emergencias volcánicas y accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
La medida supone un avance en la integración del bienestar animal en la gestión de las catástrofes. Los animales pueden quedar atrapados, sufrir lesiones, perder a las personas responsables de su cuidado o verse expuestos a situaciones de riesgo durante las evacuaciones. Por ello, su protección requiere planificación previa, coordinación entre los servicios intervinientes y recursos adecuados para su rescate y atención.
Una obligación incorporada a las nuevas directrices estatales
Las disposiciones publicadas en el BOE mediante las órdenes INT/1069/2026, INT/1071/2026 e INT/1070/2026 aprueban, respectivamente, las directrices básicas de planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos, el riesgo volcánico y los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
En el caso de los terremotos y los accidentes graves, los textos establecen expresamente que los planes de Protección Civil deben contener medidas de protección de los animales conforme a la normativa vigente. La directriz relativa al riesgo volcánico contempla, además, la necesidad de mantener medidas de protección para la población, los animales, el medio ambiente y los bienes durante emergencias que pueden prolongarse durante semanas, meses o incluso años.
Estas previsiones sitúan la protección animal dentro de la planificación de los riesgos y no únicamente como una actuación complementaria una vez producida la catástrofe.
La incorporación de estas medidas desarrolla un principio que ya figura en el artículo 21 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Este precepto establece que los planes de Protección Civil deben contener medidas para proteger a los animales, adecuadas a las disposiciones de la propia ley.
Por tanto, las nuevas directrices no crean desde cero esta obligación legal, sino que la integran expresamente en la planificación específica frente a determinados riesgos, proporcionando un marco para que las administraciones incorporen la protección animal a sus procedimientos de emergencia.
El reto consiste ahora en trasladar estas previsiones a protocolos operativos eficaces, con responsabilidades definidas, recursos disponibles y mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de intervención.
Evacuaciones, rescates y atención veterinaria
La inclusión de los animales en la planificación de emergencias plantea necesidades concretas que deben abordarse antes de que se produzca una catástrofe.
Entre ellas figuran la organización de evacuaciones que permitan trasladar a los animales junto a las personas responsables de su cuidado cuando sea posible; la habilitación de espacios temporales de acogida; la disponibilidad de transporte y material de manejo; y la asistencia veterinaria para los ejemplares heridos o afectados por las consecuencias del desastre.
También resulta necesario prever la actuación ante animales abandonados, extraviados o separados de sus responsables, así como la intervención en explotaciones ganaderas, refugios, centros de protección animal y otros lugares donde se concentran numerosos ejemplares.
En el caso de las emergencias volcánicas, la prolongación de la crisis obliga a contemplar la continuidad de los suministros, la alimentación, el alojamiento y la atención veterinaria. En los terremotos y los accidentes industriales, por su parte, pueden resultar prioritarios el rescate inmediato, la evacuación preventiva y la protección frente a derrumbes, incendios o contaminación por sustancias peligrosas.
La aplicación de estas medidas debe adaptarse a las características de cada emergencia y a las condiciones de seguridad de los equipos de intervención.
La coordinación de los servicios de emergencia, una pieza fundamental
La protección efectiva de los animales exige una respuesta coordinada entre Protección Civil, los servicios de bomberos, las policías, los servicios sanitarios y veterinarios, las administraciones locales y autonómicas y las entidades de protección animal que puedan colaborar.
La formación especializada de los profesionales que intervienen en estas situaciones es otro elemento esencial. El manejo de animales asustados, heridos o desorientados requiere conocimientos específicos para evitar lesiones adicionales y garantizar tanto su bienestar como la seguridad de los intervinientes.
Asimismo, los simulacros y ejercicios de emergencia deberían comprobar que los procedimientos previstos son realmente aplicables, que existen medios suficientes y que los responsables de cada actuación conocen sus funciones.
La planificación también debe prestar atención a los animales que no se encuentran en domicilios particulares, incluidos los alojados en instalaciones colectivas, los animales de producción y aquellos que pueden verse afectados por una evacuación de gran alcance.
Del reconocimiento legal a una protección efectiva
La actualización de las directrices estatales constituye un paso relevante para consolidar una gestión de las emergencias que tenga en cuenta a los animales desde la fase de prevención hasta la recuperación posterior a la catástrofe.
Sin embargo, la eficacia de estas previsiones dependerá de su desarrollo práctico. No basta con mencionar la protección animal en los documentos de planificación: es necesario que los planes territoriales y los protocolos de actuación definan cómo se realizarán los rescates, qué recursos estarán disponibles, dónde se alojará a los animales evacuados y quién asumirá la coordinación de estas operaciones.
La experiencia demuestra que, cuando una emergencia obliga a abandonar viviendas o evacuar poblaciones enteras, la ausencia de alternativas para los animales puede dificultar la evacuación de las personas responsables de ellos. Integrar a los animales en la respuesta, por tanto, también puede contribuir a mejorar la seguridad de la población.
El nuevo marco normativo refuerza así una idea fundamental: la protección animal debe formar parte de una política integral de prevención y gestión de catástrofes. El siguiente paso será garantizar que las obligaciones legales se traduzcan en medios, formación y procedimientos efectivos sobre el terreno.
Las tres directrices oficiales pueden consultarse en el BOE: riesgo de terremotos, riesgo volcánico y accidentes graves con sustancias peligrosas. La obligación general de protección animal en los planes de emergencia está recogida en el artículo 21 de la Ley 7/2023.
