La Asociación APF Cáceres ha denunciado la respuesta del Ayuntamiento de Hinojal (400 habitantes, en la provincia de Cáceres) ante la muerte de siete gatos, presuntamente envenenados. Ante estos hechos, en lugar de preocuparse por el envenenamiento, el consistorio se ha centrado en recordar que no está permitido alimentar a estos animales en la vía pública. La entidad reclama que se esclarezcan los hechos, se proteja a los gatos que siguen vivos y se garantice una gestión de las colonias felinas conforme a la Ley 7/2023.
La muerte de siete gatos en Hinojal, municipio de la provincia de Cáceres, ha generado preocupación entre las personas defensoras de los animales y ha abierto un debate sobre la actuación municipal ante la presencia de colonias felinas. Según la denuncia difundida por APF Cáceres, los animales habrían muerto presuntamente envenenados, unos hechos que deben ser investigados para determinar sus causas y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
La controversia se ha intensificado tras la publicación de un comunicado municipal en el que, según la asociación, se recuerda a los vecinos que no está permitido depositar ni suministrar comida a los gatos en la vía pública.
APF Cáceres cuestiona que este mensaje se haya convertido en el principal elemento de la respuesta institucional ante unos hechos tan graves. La entidad sostiene que una posible investigación por envenenamiento debe distinguirse de las normas relativas a la alimentación de los animales y reclama que la prioridad sea proteger a los gatos que continúan vivos.
La asociación cuestiona la interpretación de la actuación del SEPRONA
Uno de los puntos señalados por APF Cáceres es la referencia a la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Según la interpretación de la asociación del comunicado municipal, los agentes acudieron al Ayuntamiento en relación con los hechos denunciados y trasladaron la necesidad de informar a la población sobre la situación. Sin embargo, APF Cáceres afirma que de esa actuación no se desprende que el SEPRONA haya pedido al municipio establecer una prohibición específica de alimentar a los gatos.
Para la entidad, es importante no confundir una advertencia dirigida a la ciudadanía en el contexto de una posible intoxicación con una instrucción que atribuya a los agentes una prohibición que no haya sido expresamente comunicada.
La Ley 7/2023 establece obligaciones para los ayuntamientos
La asociación recuerda que los gatos comunitarios cuentan con protección legal y que la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, atribuye a las entidades locales responsabilidades específicas en la gestión de las colonias felinas. La norma contempla la elaboración y desarrollo de programas de gestión que incluyen el control poblacional mediante el método de captura, esterilización y retorno (CER), la identificación de los animales, la atención veterinaria y la supervisión de las colonias. También establece criterios para su alimentación y cuidado, así como para el control sanitario y la limpieza de los espacios donde viven.
La gestión de estos grupos de gatos no consiste únicamente en proporcionarles comida. Requiere una actuación planificada que permita controlar su reproducción, prevenir enfermedades, atender a los animales que lo necesiten y reducir los posibles conflictos de convivencia. Por ello, APF Cáceres considera que, si existen colonias felinas en Hinojal, el Ayuntamiento debe abordar su situación mediante un programa de gestión adecuado y ajustado a las obligaciones legales.
La aplicación de estas medidas corresponde a la Administración local, sin perjuicio de la colaboración de las entidades protectoras y de las personas cuidadoras autorizadas.
El presunto envenenamiento, una cuestión que debe investigarse
Más allá de la controversia sobre la alimentación, la muerte de siete gatos plantea una cuestión prioritaria: esclarecer qué ocurrió y determinar si los animales fueron víctimas de un envenenamiento intencionado o de otra causa.
El Código Penal contempla delitos contra los animales y prevé consecuencias penales para determinadas conductas que causan la muerte o lesiones a animales protegidos. La calificación jurídica dependerá de las circunstancias acreditadas, de las pruebas disponibles y de los resultados de la investigación.
La posible presencia de sustancias tóxicas en espacios públicos también exige actuar con rapidez para evitar nuevos episodios de intoxicación. Dependiendo de la sustancia y del lugar donde se encuentre, el riesgo podría extenderse a otros animales y, eventualmente, a las personas.
Por ello, la asociación reclama que se proteja a los gatos que continúan vivos, se investiguen las muertes denunciadas y se adopten las medidas necesarias para localizar y retirar cualquier sustancia peligrosa que pudiera permanecer en la zona.
Proteger a los gatos y gestionar las colonias
APF Cáceres insiste en que la solución a los problemas relacionados con las colonias felinas no pasa por dejar sin atención a los animales que permanecen en las calles. La entidad defiende que la alimentación controlada, la esterilización, la vigilancia sanitaria y el seguimiento de las colonias deben formar parte de una estrategia integral.
Una gestión adecuada permite reducir progresivamente la población mediante el método CER, mejorar el estado sanitario de los animales y mantener unas condiciones de limpieza que favorezcan la convivencia con el vecindario.
La alimentación, cuando se realiza conforme a las normas aplicables y dentro de un programa de gestión, constituye una de las herramientas de cuidado de los gatos comunitarios. Esto no significa que cualquier persona pueda alimentarlos en cualquier lugar o de cualquier manera: deben respetarse las ordenanzas municipales y las condiciones establecidas para la gestión de las colonias.
El objetivo, por tanto, debe ser compatibilizar la protección animal con la salubridad pública y la convivencia ciudadana, evitando medidas improvisadas que no resuelvan el problema de fondo.
