La legislatura que ahora termina deja avances en materia de protección y bienestar animal que se deben reconocer y poner en valor, pero también una agenda pendiente que no puede volver a quedar relegada. Desde ISPPA creemos que España ha dado pasos importantes hacia una concepción de los animales como seres sintientes y sujetos de protección, pero el reto de la próxima etapa debe ser convertir esos avances legales en derechos efectivos y en obligaciones que todas las administraciones cumplan sin demora ni excusas.
Como presidente del Instituto de Seguridad Pública y Protección Animal (ISPPA), considero necesario hacer un balance sereno, pero también exigente, de lo que ha supuesto esta legislatura para la protección de los animales en España.
No sería justo afirmar que no se ha avanzado. Todo lo contrario. En los últimos años se ha producido una transformación profunda del marco jurídico y de la propia consideración institucional de los animales. Y esos avances deben ser reconocidos de forma clara y expresa. Decir otra cosa sería ocultar la verdad y faltar a la justicia.
Una transformación jurídica que ya es irreversible
El punto de partida de esta transformación fue la reforma del régimen jurídico de los animales mediante la Ley 17/2021, que modificó el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquella reforma estableció algo que hoy nos parece elemental, pero que supuso un cambio jurídico de enorme importancia: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y no simples cosas o bienes.
A partir de ahí, la aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, supuso un auténtico punto de inflexión. Por primera vez España dispone de una norma estatal que establece un marco general de protección de los animales de compañía, combate el abandono y el maltrato, regula la identificación, la cría y la transmisión, establece obligaciones para las administraciones y crea un marco específico para las colonias felinas.
Especialmente relevante es que la ley reconoce expresamente la obligación de las administraciones públicas de cooperar en materia de protección animal y establece responsabilidades concretas para los municipios.
También debemos valorar la regulación de las colonias felinas mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, así como la obligación de identificación mediante microchip y esterilización de los gatos comunitarios. La norma atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de desarrollar programas de gestión de colonias, prestar atención sanitaria y establecer mecanismos de control y seguimiento.
La Ley 7/2023 introdujo además importantes obligaciones en materia de recogida y atención de animales abandonados, centros públicos de protección animal, identificación y tenencia responsable, así como la incorporación de medidas de protección animal a los planes de protección civil.
No son cuestiones menores. Estamos hablando de pasar de una protección fundamentalmente reactiva a un modelo de responsabilidad pública, prevención y bienestar animal.
Una Administración que empieza a asumir responsabilidades
Otro aspecto positivo de esta legislatura ha sido el impulso de políticas públicas específicas.
El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha líneas de subvenciones destinadas a entidades de protección animal. En 2024 se convocaron cerca de dos millones de euros para apoyar a entidades protectoras y, específicamente, actuaciones relacionadas con animales abandonados y colonias felinas.
También merece destacarse el trabajo iniciado para desarrollar reglamentariamente la Ley 7/2023. En 2025 se sometieron a consulta y exposición pública diferentes reales decretos destinados a desarrollar la normativa estatal sobre animales de compañía, identificación, abandono, cría y núcleos zoológicos.
Y hay otro avance que considero especialmente significativo: en 2025 entró en vigor el Real Decreto 409/2025, por el que se regula la actividad y el bienestar de los perros de asistencia, actualizando un marco normativo que llevaba décadas necesitando una revisión.
En 2026, además, el Gobierno ha comenzado a disponer de algo que hasta ahora echábamos en falta: datos oficiales de ámbito estatal sobre la realidad de los animales de compañía. La primera Estadística Nacional sobre Protección Animal estima en más de 15 millones los animales de compañía que viven en hogares españoles.
Disponer de datos fiables es imprescindible para poder diseñar políticas públicas adecuadas y eficaces.
Pero una buena ley no sirve de nada si no se cumple
Y aquí comienza la parte menos complaciente de este balance. Desde ISPPA creemos que el principal reto de la próxima etapa debe ser hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que ya establece la legislación.
La Ley 7/2023 no deja a los ayuntamientos ante una declaración de intenciones. Les atribuye obligaciones concretas en materia de colonias felinas: programas de gestión, censos, esterilización, identificación, atención sanitaria, formación, gestión de conflictos, instalaciones y seguimiento.
Sin embargo, la realidad municipal sigue siendo extraordinariamente desigual. Hay ayuntamientos que han desarrollado programas ejemplares, mientras otros muchos todavía carecen de los medios, protocolos o voluntad política necesarios para cumplir adecuadamente la legislación.
Por eso necesitamos avanzar hacia un sistema que garantice que ningún municipio pueda ignorar sus obligaciones legales en materia de colonias felinas. El Estado y las comunidades autónomas deben proporcionar financiación, asistencia técnica, formación y mecanismos de supervisión. Y cuando una administración incumpla sistemáticamente la ley, deben existir mecanismos efectivos para exigir responsabilidades. La protección animal no puede depender del código postal.
Todos los perros deben tener los mismos derechos
Existe también una cuestión que considero inaplazable: la discriminación normativa que todavía sufren determinados animales en función del uso que se hace de ellos.
La Ley 7/2023 considera animales de compañía a los perros, gatos y hurones con independencia de su finalidad, pero, al mismo tiempo, excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, que quedan sometidos a otra normativa.
Desde ISPPA defendemos un principio sencillo: un perro no deja de ser un animal sintiente porque participe en una actividad cinegética. El bienestar, la alimentación, la atención veterinaria, el alojamiento, la identificación, la protección frente al maltrato y el abandono no pueden depender de que el animal acompañe a una familia en un domicilio, trabaje con las fuerzas de seguridad, preste asistencia a una persona con discapacidad o participe en actividades cinegéticas.
La próxima legislación estatal debe avanzar hacia una protección homogénea de todos los perros sin distinciones.
Emergencias: los animales también deben incluirse en los planes
Otro reto pendiente es garantizar una verdadera protección de los animales en situaciones de emergencia. La Ley 7/2023 establece que los planes de protección civil deben incorporar medidas de protección de los animales.
Es un avance importante. Pero necesitamos dar el siguiente paso: un protocolo nacional operativo para la protección y evacuación de animales ante incendios forestales, inundaciones, terremotos, episodios meteorológicos extremos, accidentes industriales y cualquier otra emergencia de gran magnitud.
Es cierto que en junio de 2026 el Consejo Estatal de Protección Animal acordó trabajar en un protocolo para atender a los animales de compañía ante emergencias y catástrofes. Precisamente por eso, el objetivo ahora debe ser culminar ese trabajo y convertirlo en un protocolo nacional aprobado, coordinado y operativo.
Los servicios de emergencia, policías, bomberos, protección civil, servicios veterinarios y administraciones locales deben saber quién hace qué, con qué medios y bajo qué procedimiento cuando una emergencia obliga a evacuar una población.
Porque proteger a las personas y proteger a sus animales no son dos operaciones diferentes.
Y queda una importante decisión política pendiente: la subvención pública de la tauromaquia
Finalmente, hay una cuestión que no podemos eludir. España mantiene vigente la Ley 18/2013, de regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que establece un deber de protección y medidas de fomento por parte de los poderes públicos.
Durante esta legislatura se produjo, además, un hecho especialmente significativo: una iniciativa legislativa popular para derogar esa protección reunió 664.777 firmas validadas por la Junta Electoral Central, muy por encima del mínimo legal exigido. La iniciativa no fue tomada en consideración por el Congreso. Y la iniciativa desarrollada por un importante número de diputadas y diputados, para garantizar el debate sobre este tema en el Congreso ha decaído por la convocatoria de elecciones generales.
Desde ISPPA consideramos que la tauromaquia no debe gozar de un estatus privilegiado de protección cultural que facilite su financiación con recursos públicos. Al contrario, creemos que los fondos públicos deben destinarse a proteger a los animales, no a financiar actividades basadas en su utilización y sufrimiento.
Por eso defendemos la derogación de la Ley 18/2013 y la retirada de la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural protegido por el Estado. No se trata de prohibir que una persona tenga una determinada afición, sino de establecer una cuestión de política pública: qué actividades merecen ser protegidas y financiadas con el dinero de todos y cuáles deben sostenerse, en su caso, exclusivamente con recursos privados.
Protección animal, violencia interpersonal y seguridad pública
Hay también un ámbito en el que debemos avanzar decididamente: la conexión entre la protección animal, la violencia interpersonal y la seguridad pública. Cada vez existe mayor evidencia de que la violencia ejercida contra los animales puede formar parte de dinámicas más amplias de violencia, intimidación, control y maltrato hacia otras personas, especialmente en contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar o conductas violentas. Un animal puede ser utilizado por el agresor como instrumento para amenazar, castigar o someter a una víctima, y su maltrato puede constituir también una señal de alerta ante otras formas de violencia. Por ello, la protección animal debe integrarse plenamente en las políticas de prevención del delito y seguridad pública, reforzando la coordinación entre servicios policiales, órganos judiciales, fiscalías, servicios sociales, servicios veterinarios y entidades especializadas.
Pero para que la legislación pueda aplicarse de manera efectiva no basta con disponer de un buen marco normativo: también necesitamos incrementar sustancialmente la formación especializada de todos los operadores jurídicos y, de manera muy especial, de los Servicios Policiales, que con frecuencia son los primeros profesionales que detectan estas situaciones. Policías y otros servicios de Seguridad Pública, jueces, fiscales, abogados, personal de la Administración de Justicia y profesionales de los servicios sociales deben disponer de conocimientos específicos sobre legislación animal, identificación de indicadores de violencia, intervención con animales y protocolos de actuación. La formación especializada no es un complemento: es una condición imprescindible para que los derechos reconocidos por la legislación se conviertan realmente en protección efectiva para los animales y para las personas.
El próximo paso debe ser la aplicación efectiva
El balance de esta etapa, por tanto, tiene sus importantes claros, pero también oscuros muy relevantes.
España ha avanzado mucho. Hemos reconocido jurídicamente a los animales como seres sintientes, hemos aprobado una legislación estatal de protección animal, hemos establecido obligaciones para las administraciones, hemos regulado las colonias felinas, hemos reforzado la lucha contra el abandono y hemos comenzado a construir una política pública estatal de protección animal.
Pero precisamente porque hemos avanzado, ya no podemos conformarnos con las declaraciones de principios. Ahora toca garantizar el cumplimiento efectivo de la ley en todos los municipios, igualar la protección de todos los perros, culminar un protocolo nacional de emergencias, dotar de recursos suficientes a las políticas de protección animal y acabar con los privilegios públicos de la tauromaquia.
Desde ISPPA queremos seguir aportando conocimiento, formación y propuestas para que ese sea el camino. Porque una sociedad avanzada no se mide únicamente por cómo trata a las personas. También se reconoce por cómo protege a quienes dependen de nosotros y no pueden defenderse por sí mismos.
Y el verdadero balance de una legislatura no debería medirse solo por las leyes aprobadas, sino por cuántas vidas hemos conseguido proteger gracias a ellas.
