Los hechos suceden el sábado 30 de mayo de 2026, entre las 7.30 y las 8.30 h. en un pequeño pueblo de Almería. Una de las vecinas que la cuidaban dio de comer a Botines a las 7.30 h., al lado de la farmacia. Era una gata amigable que nunca se movía de allí y que por eso era conocida por todo el vecindario. A las 8.30 h. otra vecina la encontró muerta en un callejón próximo.
Según la información facilitada por varias personas, un conocido vecino paseaba con varios de sus perros sueltos por el centro del pueblo. Aunque las informaciones son un poco confusas, hay quienes afirman que llevaba 4 perros, que al llegar a la altura de la farmacia atacaron a la gata hasta matarla. Según testigos presenciales de los hechos, el dueño de los perros también estaba a la altura de la farmacia cuando sucedió el ataque, pero “no hizo absolutamente nada para impedirlo”.
Aunque los testigos no han querido facilitar su identificación, esta persona es perfectamente conocida. “Tiene dos pastores alemanes y dos bodegueros” y, según informan, ya se han producido diversos conflictos con él por llevar a sus perros sueltos. Hay testimonios que aseguran haberle llamado la atención por este tema y hay quien afirma que ya ha sido denunciado en otras ocasiones, aunque estas informaciones no han podido ser confirmadas. Lo que si ha afirmado más de un vecino es que “La gente está harta de este señor y de sus perros”. En cualquier caso, al parecer, los hechos han quedado grabados por las cámaras de seguridad de algunos de los establecimientos de la zona.
Los representantes de una asociación animalista acudieron a presentar una denuncia a la Guardia Civil de Níjar. Allí les dijeron que lo que había ocurrido era una falta administrativa y que se debían dirigir a la Policía Municipal, ya que no existía ningún delito. A pesar de ello, les tomaron una comparecencia y les aseguraron que la remitirían al Seprona, “para que continuaran con las investigaciones”. Además, la Guardia Civil aconsejó a los animalistas que también presentaran denuncia en la Policía Local de Níjar y eso hicieron.
Lo ocurrido ha supuesto una cierta conmoción entre el vecindario y, especialmente, entre las personas que cuidaban de Botines. Además, después de la información facilitada por la Guardia Civil de Níjar, han surgido importantes dudas entre los vecinos, que no saben que responsabilidad puede tener el titular de los perros y sobre cómo se debe actuar en estos casos. Por eso, con la asesoría de expertos de ISPPA, vamos a intentar aportar informaciones absolutamente fiables.
1. La responsabilidad administrativa del titular de los perros.
En primer lugar vamos a detenernos en las denominadas “responsabilidades administrativas”.
Pues bien, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece la obligación de mantener a los perros bajo condiciones de control adecuadas en espacios públicos. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes de custodia y vigilancia puede constituir una infracción administrativa sancionable.
En relación al caso que nos ocupa, el artículo más relevante de la norma citada es el 25.d), que establece como prohibición: «Dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados de acceso público…». Ese precepto es el que sirve de base jurídica para exigir que los perros estén bajo control efectivo de su responsable cuando se encuentran en espacios públicos. Además, el artículo 24 de la ley impone a los titulares de animales el deber de: ejercer una vigilancia adecuada sobre ellos, evitar que causen daños, perjuicios o molestias e impedir su huida o pérdida.
En consecuencia, los hechos sucedidos (llevar perros sueltos sin control y en condiciones de causar daños) suponen claramente una infracción administrativa a la vigente ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La infracción no se fundamentaría tanto en el hecho de «ir sin correa» como en la vulneración del artículo 25.d) de la ley (animales sueltos o en condiciones de causar daños en espacios públicos) y de los deberes generales de vigilancia y custodia del artículo 24.
2. ¿Qué sanción puede suponer estos hechos? ¿Qué administración es competente para sancionarlos?
Siguiendo este hilo argumental, la pregunta inmediata que podemos hacernos es: ¿Qué tipo de infracción puede ser la que constituyen estos hechos? ¿Qué multa puede llevar consigo?
Teniendo en cuenta el grave resultado (la muerte de la gata) y conforme al artículo 75.a) de la Ley -siempre los hechos que no sean constitutivos de delito- dicha infracción está sancionada con multa de 50.001 a 200.000 euros.
La siguiente pregunta es: ¿Quién es la autoridad competente para instruir el correspondiente procedimiento administrativo?
Al encontrarnos ante la comisión de una infracción de carácter muy grave, la autoridad competente para sancionar -en este caso- es la Junta de Andalucía, concretamente la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, a través de su delegación territorial en Almería.
Pero, aunque la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales es la norma que tiene mayor relevancia jurídica al ser de carácter estatal, también se debe hacer constar que el Ayuntamiento de Níjar -donde ocurrieron los hechos- dispone de su propia Ordenanza Municipal Reguladora sobre la Tenencia y Protección de los Animales.
Esta ordenanza, en su artículo 11, establece que “La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la propietaria, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a los bienes y al medio natural…”. Además, en su artículo 15, la ordenanza dice: “Obligaciones de los propietarios o propietarias y poseedores o poseedoras de animales de compañía y condiciones de los perros en las vías y los espacios públicos” “…en los lugares y los espacios de uso público en general, los perros tienen que cumplir los siguientes requisitos: … c) Ir ligados por medio de un collar y una correa o cadena que no ocasionen lesiones al animal y estar educados para responder a las órdenes verbales de la persona que los conduce.”
Por tanto, los hechos relatados en este artículo también suponen infracción a la Ordenanza Municipal y, por sus consecuencias, pudieran constituir una infracción muy grave, sancionada con multa de 751 a 3.000 euros.
La autoridad competente para la sanción de un expediente sancionador relativo a la Ordenanza Municipal es el Ayuntamiento, bien entendido que en el caso de tramitarse un expediente sancionador a través de una administración pública ya no podría tramitarse ante otra, en atención al principio jurídico denominado non bis in idem (latinajo legal que quiere decir: no dos veces por lo mismo).
3. La posible responsabilidad penal.
A diferencia de la responsabilidad administrativa, que es decidida por una Administración Pública, la responsabilidad penal sólo puede ser decidida por un juzgado y conforme a las penas previamente establecidas por la ley (el Código Penal, en este caso).
Por tanto, cuando hablamos de “un delito” no sólo estamos hablando de algo que nos parece reprobable en relación a nuestros códigos éticos, morales o de convivencia, o de la infracción de una norma administrativa, sino de un hecho concreto, que está tipificado como infracción en el Código Penal, y que, después de un proceso judicial contradictorio (en el que hay acusación y defensa), recibe una sentencia por un juez o tribunal de justicia, conforme a lo establecido por la ley.
Por tanto, ahora vamos a analizar los mismos hechos que describimos al principio de este trabajo, pero desde la perspectiva penal. Por tanto y resumiendo, tenemos: 1º) Un individuo que pasea con varios de sus perros sueltos por el centro de San José, lo que está prohibido por normas administrativas. 2º) Que esos perros persiguen y atacan a una gata comunitaria hasta matarla. 3º) Que, -al parecer- dicho individuo no hizo nada por impedir este resultado. 4º) Que parece que ya han existido, en el pasado, conflictos con dicho individuo por los mismos motivos (llevar a sus perros sueltos por la calle).
3.1. ¿Estos hechos están tipificados en el Código Penal?.
Esta debería ser la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Y, en el caso que nos ocupa, la respuesta no será ni muy clara, ni tampoco sencilla.
El artículo 340 bis del vigente Código Penal castiga a quien cause la muerte de un animal doméstico o que viva bajo control humano, con penas de prisión e inhabilitación para la tenencia de animales o para el ejercicio de profesiones relacionadas con los mismos.
La cuestión es que, en el caso que nos ocupa, la muerte material de la gata no la causó directamente el propietario (como fija el Código Peal), sino sus perros. Por tanto, la pregunta clave sería: ¿Puede atribuirse penalmente al dueño la conducta de los perros, por haber incumplido gravemente sus deberes de control y vigilancia?
En opinión de varios expertos consultados, para que -en términos teóricos- prosperara una vía penal habría que demostrar algo más que una simple falta de vigilancia de este individuo sobre sus perros. Por ejemplo, la posibilidad de apreciar responsabilidad penal aumentaría si se acreditara que: el propietario dejó deliberadamente a los perros sueltos; si éste conocía antecedentes de agresividad hacia gatos u otros animales; si había recibido advertencias previas de vecinos; existían incidentes anteriores documentados.; si el ataque a la gata fue previsible y aun así no adoptó ninguna medida de control; si, una vez iniciado el ataque, no hizo nada para impedirlo.
La doctrina jurídica (es decir las sentencias que ya se han dictado sobre casos similares) sobre este artículo 340 bis sigue considerando problemática la persecución de supuestos basados exclusivamente en imprudencia u omisión de vigilancia. Por ello, una denuncia penal es jurídicamente defendible, pero no puede afirmarse con seguridad que termine en condena.
3.2. Argumentos a favor de imputar una responsabilidad penal.
Para tratar de imputar una responsabilidad criminal al individuo que paseaba con sus perros, la acusación podría sostener que:
- El propietario tenía un deber jurídico de control sobre los animales.
- Los perros circulaban sueltos por una zona urbana.
- El ataque era objetivamente previsible.
- La muerte de la gata es consecuencia directa de esa omisión de vigilancia.
- El dueño creó una situación de riesgo.
- La existencia de vídeos, testigos e identificación del responsable refuerza notablemente la prueba de los hechos.
3.3. Argumentos en contra.
El artículo 340 bis del Código Penal que refleja una acción “similar” a la ocurrida en este caso está construido sobre una conducta activa de maltrato o causación de lesiones o muerte. La redacción actual no regula expresamente el maltrato animal por imprudencia grave, a diferencia de lo que ocurre en otros delitos del Código Penal. Diversos juristas han señalado precisamente ese vacío legal.
Por ello, la defensa podría alegar que:
- El propietario de los perros no atacó a la gata.
- No ordenó ni azuzó el ataque.
- No existe una acción directa de maltrato.
- El resultado fue producido por el comportamiento autónomo e imprevisto de los perros.
Y que, en consecuencia, los hechos deben resolverse por la vía administrativa y no penal.
3.4. La opinión de los expertos en Derecho Animal.
En resumen, de forma unánime, los expertos de ISPPA coinciden en la opinión de que la responsabilidad administrativa del individuo propietario de los perros es de una probabilidad muy alta, pero que su posible responsabilidad penal es sólo jurídicamente defendible, pero bastante incierta.
Así, la denuncia penal no parece temeraria ni infundada, especialmente porque existe un resultado de muerte y porque los perros iban sueltos por el núcleo urbano, a pesar de ser esta una conducta prohibida por normas administrativas. Sin embargo, el verdadero obstáculo será convencer al juzgado de que la conducta omisiva del propietario puede equipararse a la causación de la muerte exigida por el artículo 340 bis del Código Penal.
De otra parte, también en opinión de estos mismos expertos, la vía administrativa podría ser incluso más sólida que la penal, ya que los hechos encajan con bastante claridad en un incumplimiento de los deberes de custodia y control de animales cuyo resultado fue la muerte de otro animal protegido por la Ley Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esa vía exige un estándar probatorio menos complejo que la imputación de un delito de maltrato animal.
Es importante aclarar que es perfectamente posible iniciar a la vez y de forma paralela una denuncia administrativa y otra por la vía penal. Bien entendido que, hasta que no concluya la penal (con la correspondiente decisión judicial) la autoridad administrativa no podrá imponer una sanción. Si la decisión judicial fuera condenatoria, ya no podría imponerse ninguna sanción administrativa por el mismo principio non bis in idem que explicábamos ayer (no castigar dos veces por lo mismo). Pero si la resolución judicial fuera absolutoria, la autoridad administrativa si podría imponer una sanción, porque -como ya se ha visto- un hecho concreto puede suponer una infracción administrativa, aunque no constituya infracción penal.
4. Dónde y cómo se deben denunciar las infracciones de este caso.
Dedicaremos este apartado a las funciones y obligaciones de los Servicios Policiales, a los que corresponde -en principio- tramitar las denuncias que se consideren necesarias para exigir responsabilidades al responsable de estos hechos.
Aunque -como analizábamos en el apartado anterior- los expertos consideran como más apropiada la vía de exigir responsabilidad administrativa (por el objetivo pedagógico que perseguimos en este caso práctico, también analizaremos aquí los trámites correspondientes a una denuncia de carácter penal.
4.1. Cómo y dónde formular una denuncia administrativa.
Ya se ha visto que, conforme a lo establecido en las normas de aplicación, los hechos de este caso suponían una infracción administrativa, tanto a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, como a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales del Ayuntamiento de Níjar.
Aunque ya se ha dicho que lo más aconsejable era presentar la denuncia por infracción a la Ley estatal, que conlleva sanciones más severas, vamos a plantear las dos posibilidades, para conocer todas las opciones que se podrían escoger.
- Denuncia por infracción a la Ordenanza Municipal.
En esta opción, la autoridad a la que corresponde la sanción por infracción a la Ordenanza Municipal es el Gobierno Municipal. Por tanto, es a ella a la que deberemos dirigir una denuncia, en este caso.
La denuncia se puede tramitar a través de la Policía Local, entre cuyas funciones está la de ejercer la “Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia”. Aunque también resulta posible tramitarla directamente al Ayuntamiento, presentándola a través del Registro General o de la web municipal.
En cualquier caso, la denuncia deberá identificar perfectamente al/las persona/s denunciantes con todos sus datos personales: nombre y apellidos, domicilio completo, DNI, teléfono y correo electrónico. Además, se deberán relatar los hechos de forma clara y sin valoraciones personales y haciendo hincapié en los hechos que pueden constituir concretamente la infracción administrativa, así como el artículo de la ley que supuestamente se ha infringido. Por último, se deben aportar todos los medios de prueba posibles, fotos, vídeos, identificación de testigos y del responsable, o señalar donde pueden encontrarse (como las grabaciones de cámaras de establecimientos, citándolos concretamente).
Si los hechos son observados directamente por uno o varios agentes de la Policía Local, tales medios de prueba no tendrían tanta relevancia, ya que su manifestación tiene lo que se denomina “presunción de veracidad”, al ser funcionarios públicos, supuestamente objetivos, sin mayor interés que el cumplimiento de la ley y la denuncia de sus infracciones.
- Denuncia por infracción a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Antes que nada, recordemos que esta es una ley estatal, aprobada por el Congreso de los Diputados y cuyo mandato abarca todo el territorio nacional, a diferencia de la Ordenanza, que solo es exigible dentro del término municipal de Níjar.
Según establece la citada Ley 7/2023, la autoridad competente para la sanción de las infracciones muy graves, como en el caso que estamos analizando, es la Junta de Andalucía, concretamente la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, a través de su delegación territorial en Almería.
La denuncia por infracción a esta norma podría tramitarse, indistintamente, a través de la Policía Local, de la Policía Autonómica, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. La Policía Local tiene una obligación genérica de tramitar este tipo de denuncias, pero la Guardia Civil tiene una obligación específica (superior) y más cuando dispone de una unidad especializada (el SEPRONA) para la persecución de infracciones (penales y administrativas) relacionadas con el medio ambiente y la protección animal.
Así, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encomienda a la Policía Local la función de “Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, en el marco de colaboración establecido en las Juntas Locales de Seguridad” y a la Guardia Civil la de “Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales”.
En consecuencia, no se corresponde con la realidad la manifestación efectuada por miembros de la Guardia Civil a las personas que fueron a presentar la denuncia a sus dependencias, ya que dicho cuerpo está obligado a tramitar las denuncias administrativas por infracción a normas autonómicas o estatales, incluso mucho más que la Policía Local. Por tanto, vamos a suponer que ese comentario fue fruto de la falta de formación del funcionario que lo profirió.
A pesar de lo dicho, como ocurre en el caso de la Ordenanza Municipal, la denuncia también podría formularse, directamente, a través del Registro General o de forma on line, a la Junta de Andalucía, dirigiéndola a la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería.
Las características de la denuncia son exactamente las mismas que se han explicado para la denuncia administrativa municipal.
4.2. Cómo y dónde formular una denuncia de carácter penal.
Aunque en los apartados anteriores ya se ha explicado que, en el caso que nos ocupa lo más aconsejable es la tramitación de una denuncia administrativa, queremos aprovechar también para explicar todo lo relativo a las denuncias penales, es decir: por una supuesta infracción al Código Penal.
Como ya se ha visto, la única autoridad que puede sancionar este tipo de infracciones es la autoridad judicial. Y a ella debe dirigirse este tipo de denuncias.
En el caso de hechos ocurridos en el municipio de Níjar, lo más sencillo y cercano es hacerlo a través de la Guardia Civil, que tiene el carácter de Policía Judicial que, según la Constitución Española, tiene por objeto: «La averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente”. Si existen indicios de delito, como ocurre en este caso, la Guardia Civil no es que pueda, es que está obligada a investigar los hechos.
En muchos municipios estas funciones también son desarrolladas por las Policías Locales, que igualmente forman parte de la Policía Judicial, pero en el caso de la Policía Local de Níjar no se ejercen por razones que ahora no vienen al caso.
Aunque resulta legalmente posible presentar la denuncia a través de un escrito, tradicionalmente se formula a través de una “comparecencia” del o de los denunciantes ante la Oficina de Denuncias de la Guardia Civil, donde se explican los hechos de forma muy similar a lo que se ha dicho para las denuncias administrativas, contestando a las preguntas que les realicen los guardias.
Pero también puede presentarse la denuncia a través del juzgado de guardia, en Almería, o de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que es la unidad de la Fiscalía especializada -entre otros- en los delitos contra los animales. Esta es una opción muy aconsejable, ya que se presupone a esta unidad de la Fiscalía una sensibilidad y formación específica en esta materia.
Ni que decir tiene que, en las denuncias penales, las pruebas tienen una importancia todavía mayor que en el ámbito administrativo, ya que las sanciones penales son mucho más graves (pueden incluir la privación de libertad) y -en consecuencia- las garantías para las personas acusadas también son mucho más relevantes. O sea, se tiene que demostrar la culpabilidad del autor de los hechos, no es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.
5. ¿Qué obligación tiene cualquier servicio policial a tramitar una denuncia -penal o administrativa- de su competencia?.
Comenzaremos por explicar que las funciones y obligaciones de los Servicios Policiales españoles (Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Locales) se recogen de forma detallada en una norma que forma parte de lo que se llama “bloque constitucional”, porque desarrolla uno de los artículos –(concretamente, el 104) de la Constitución Española: la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través del siguiente enlace podrás acceder al texto íntegro de la ley: Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el artículo 5 de esa Ley se recogen los “principios estatutarios” que constituyen el código de conducta común aplicable a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre otros: “Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos legalmente establecidos”, “Observar en todo momento un trato correcto y esmerado con los ciudadanos” y “Actuar con decisión y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave”.
5.1. Las funciones que deben ejercer los Servicios Policiales.
Las funciones genéricas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se recogen en su artículo 11, con un reparto territorial de competencias para cada uno de estos cuerpos. Las funciones específicas de la Policía Nacional, en el artículo 12.1.a). Las funciones específicas de la Guardia Civil, en al artículo 123.1.b). Las de las Policías Autonómicas en el artículo 38. Y las que corresponden a las Policías Locales, en el artículo 53.
Tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional les corresponde la función de “Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales”, lo que inevitablemente conlleva la denuncia de sus infracciones. Así mismo, ambos cuerpos forman parte de la Policía Judicial en su sentido más estricto, por lo que tienen el deber de “Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes”. Además, a la Guardia Civil se le encomienda de forma específica “Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”, donde se incluyen las funciones relacionadas con la protección de los animales.
Entre otras, a la Policía Local se le encomienda la función de ejercer la “Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia”. Así como la de “Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, en el marco de colaboración establecido en las Juntas Locales de Seguridad”. Además de las funciones genéricas de Policía Judicial, que ya se han explicado.
Una cuestión importante es que la Ley, al establecer las funciones de cada uno de estos cuerpos, utiliza el imperativo “deberán ejercer las siguientes funciones…” por lo que no se deja lugar a ninguna duda de su obligación profesional al respecto. Es decir, no es algo que se deje a la libre elección de estos funcionarios, sino que están legalmente obligados a cumplir con ese mandato legal.
5.2. Responsabilidad por la no intervención.
En el ámbito penal, los delitos de maltrato animal regulados actualmente en el artículo 340 bis y siguientes del Código Penal tienen carácter público, lo que implica que deben ser perseguidos de oficio por cualquiera de los Servicios Policiales, cuando tengan conocimiento de su comisión.
En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 282, establece que la Policía Judicial (y todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen ese carácter genérico) tiene la obligación de: investigar los delitos que lleguen a su conocimiento; practicar las diligencias necesarias para su esclarecimiento; asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito; poner los hechos y a los presuntos responsables en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.
En consecuencia, la inacción policial ante la comisión de un delito puede generar responsabilidad penal para los policías, conforme al artículo 408 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tenga conocimiento.
Aunque en determinados supuestos también podría conllevar una responsabilidad penal, en el caso de las infracciones de carácter administrativo, la inacción de un agente de cualquier Servicio Policial que tenga conocimiento, a través de cualquier medio de una infracción de este tipo, conllevará una responsabilidad disciplinaria, que, según su gravedad, pudiera llevar ocasionada la suspensión de empleo y sueldo por un tiempo determinado o, incluso, la separación definitiva del servicio.
En resumen, la protección animal constituye una responsabilidad compartida por todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cada una en el ámbito de sus competencias. Su actuación resulta esencial tanto en el control administrativo y la prevención de infracciones como en la investigación y persecución de los delitos de maltrato animal, siendo la intervención policial una pieza clave para garantizar la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico en esta materia.
