La abogada Francisca Gutiérrez Jáimez, miembro del Instituto de Seguridad Pública y Protección Animal (ISPPA) analiza en el Blog de Derecho de los Animales de la Abogacía Española los límites que deben respetarse al denunciar casos de maltrato, abandono o negligencia a través de las redes sociales.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para denunciar situaciones de abandono y maltrato animal, promover adopciones, buscar casas de acogida o movilizar recursos. Sin embargo, la difusión de una denuncia no exime del cumplimiento de las normas que protegen el derecho al honor de las personas señaladas.
Esta es la cuestión que aborda la abogada Francisca Gutiérrez Jáimez, presidenta de la Comisión extraestatutaria de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, miembro de INTERcids Operadores Jurídicos por los Animales y presidenta de la Asociación Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente, en el artículo publicado el 25 de septiembre de 2026 en el Blog de Derecho de los Animales de la Abogacía Española, titulado “Cuando defender a los animales cruza la línea: injurias, calumnias y difamación en redes”.
Denunciar no equivale a condenar
Gutiérrez Jáimez parte de un caso de la Audiencia Provincial de Alicante que confirmó la condena a dos personas por vulnerar el derecho al honor de una veterinaria mediante reseñas y comentarios publicados en Google y Facebook. El conflicto había comenzado tras la atención prestada a una gata, pero las publicaciones fueron más allá de expresar una discrepancia con el servicio y atribuyeron a la profesional actuaciones que, según la resolución, no había realizado. La sentencia confirmó la retirada de los contenidos, una indemnización de 1.500 euros y la publicación del fallo en los mismos espacios digitales.
La autora utiliza este caso para advertir de un riesgo especialmente relevante en el ámbito de la protección animal: que una denuncia legítima pueda transformarse en una acusación pública sin que se hayan comprobado suficientemente los hechos.
Una fotografía, un vídeo o el relato de una de las partes pueden provocar rápidamente que en las redes se formulen conclusiones veterinarias, jurídicas o incluso acusaciones de delitos por parte de personas que no conocen el expediente completo.
El problema no reside, según explica, en denunciar. Las asociaciones, protectoras y particulares pueden informar, criticar, presentar denuncias y reclamar actuaciones. La cuestión está en diferenciar entre comunicar unos hechos o una denuncia y presentar públicamente a una persona como culpable.
Injurias y calumnias: dónde puede situarse la frontera
El artículo analiza también las consecuencias jurídicas que puede tener superar determinados límites. El artículo 205 del Código Penal define la calumnia como la imputación de un delito realizada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Por su parte, el artículo 208 regula las injurias, referidas a acciones o expresiones que lesionan la dignidad de otra persona, menoscaban su fama o atentan contra su propia estimación, aunque en el ámbito penal se exige que tengan carácter grave.
Junto a la vía penal, la Ley Orgánica 1/1982 protege civilmente frente a las intromisiones ilegítimas en el derecho al honor. Esto significa que acusar públicamente a una persona de maltrato animal, apropiación de fondos, robo o falsificación de documentos puede tener consecuencias jurídicas cuando esas afirmaciones se presentan como hechos ciertos sin una base suficiente. La valoración dependerá, entre otros factores, del contenido de las expresiones, el contexto, la difusión, la autoría y las circunstancias concretas.
La autora recuerda además que una asociación o protectora puede documentar posibles situaciones de maltrato, presentar denuncias, solicitar información y participar en procedimientos, pero no tiene la condición de autoridad para determinar que una persona ha cometido un delito.
Libertad de expresión, pruebas y responsabilidad
El artículo subraya que estos límites no significan que las redes sociales deban convertirse en espacios donde no pueda existir crítica hacia actuaciones veterinarias, protectoras, administraciones o particulares.
El derecho al honor debe ponderarse con las libertades de expresión e información. La libertad de expresión protege las opiniones y críticas, incluso cuando resulten incómodas, mientras que la difusión de hechos exige una comprobación razonable de la información.
Gutiérrez Jáimez cita en este sentido la Sentencia 1793/2023 del Tribunal Supremo, relacionada con una asociación animalista que denunció posibles situaciones de maltrato de varios delfines de un zoológico. La publicación fue considerada legítima porque estaba respaldada por fotografías, vídeos e informe veterinario y porque la organización había realizado una comprobación previa de la información.
El artículo también recoge distintas resoluciones judiciales relacionadas con publicaciones en redes sociales y conflictos vinculados a la protección animal. Entre ellas aparecen casos en los que los tribunales apreciaron intromisiones ilegítimas en el honor, condenas por injurias o calumnias y otros en los que las acusaciones no fueron consideradas constitutivas de delito.
La autora destaca así que no existe una respuesta automática: los tribunales analizan las palabras utilizadas, la existencia de pruebas, el contexto, la autoría y el alcance de las publicaciones.
Las redes añaden además un elemento específico: la capacidad de amplificación. Facebook, Instagram, blogs y plataformas de recogida de firmas permiten que una acusación alcance rápidamente a cientos o miles de personas. Por ello, también adquiere importancia conservar correctamente las pruebas digitales, incluyendo autoría, fecha, contenido y difusión.
El planteamiento de Francisca Gutiérrez Jáimez concluye con una idea central: la defensa de los animales y la denuncia del maltrato son compatibles con el respeto a los derechos de las personas afectadas por las acusaciones. Una causa legítima no convierte automáticamente en legítima cualquier forma de denunciarla.
El artículo íntegro de la abogada puede consultarse en el Blog de Derecho de los Animales de la Abogacía Española, espacio especializado que reúne análisis jurídicos sobre los derechos de los animales y las normas que regulan su protección.
