Las movilizaciones celebradas el pasado domingo en 38 ciudades españolas, con manifestaciones y concentraciones convocadas para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de sus obligaciones legales relativas a la gestión de las colonias felinas, dejan una conclusión muy importante: existe una sociedad civil incipientemente organizada, comprometida y dispuesta a reclamar para que las leyes se cumplan y las administraciones no eludan su responsabilidad.
Más allá de las cifras concretas de participación —sin ninguna duda, varios miles de personas—, el verdadero éxito de esta convocatoria reside en su extensión territorial, en su carácter transversal y, sobre todo, en que ha conseguido colocar en el debate público una cuestión que durante demasiado tiempo ha permanecido relegada a un segundo plano. Y creo que ha llegado el momento de escuchar con atención lo que esta movilización nos está diciendo.
Una movilización plenamente justificada
La primera conclusión es evidente: las razones que han llevado a esta movilización están plenamente justificadas en todas las comunidades autónomas de España. La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales estableció obligaciones concretas para los ayuntamientos en relación con las colonias felinas. No estamos hablando, por tanto, de una reivindicación para que las administraciones hagan algo que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando de exigir que cumplan una ley que ya está en vigor.
España cuenta con más de 8.000 municipios. Resulta imposible establecer una cifra exacta de ayuntamientos incumplidores sin disponer de una auditoría nacional, pero cualquiera que conozca mínimamente la realidad de la gestión de las colonias felinas sabe que son muchos cientos y posiblemente varios miles los municipios que no han implantado adecuadamente las obligaciones legales, o que las han desarrollado de forma puramente testimonial.
Y el problema no entiende de colores políticos. Hay ayuntamientos gobernados por la derecha, por la izquierda, por coaliciones, por agrupaciones independientes y por distintas fórmulas de gobierno municipal que incumplen, cumplen parcialmente o simplemente han dejado que sean las personas voluntarias quienes sostengan sobre sus hombros una responsabilidad que corresponde a la Administración.
En un Estado moderno, democrático y sujeto al principio de legalidad, esta situación es sencillamente inaceptable. No podemos construir un sistema en el que el cumplimiento de una ley dependa del grado de sensibilidad del alcalde de turno, de que exista una concejalía comprometida con la protección animal o de que unas personas voluntarias (mayoritariamente mujeres) estén dispuestas a dedicar su tiempo y su dinero a resolver aquello que debería garantizar el municipio.
Una ley no sirve de nada si incumplirla sale gratis
La segunda conclusión es todavía más importante. Lo ocurrido demuestra que aprobar una ley es necesario, pero no suficiente.
Una norma jurídica necesita mecanismos que permitan hacerla efectiva. Necesita financiación, recursos humanos, formación, asistencia técnica, coordinación entre administraciones, indicadores de cumplimiento y sistemas de evaluación. Pero también necesita algo que en este ámbito se ha echado en falta: consecuencias reales para quienes deciden no cumplirla. Es necesario establecer una política de refuerzos positivos, pero también de refuerzos negativos.
Los ayuntamientos que hagan bien las cosas deberían disponer de incentivos, financiación, reconocimiento y apoyo técnico. Hay que facilitarles herramientas para desarrollar programas CER, censar las colonias, garantizar la atención veterinaria, formar a las personas cuidadoras y establecer protocolos eficaces.
Pero, al mismo tiempo, a los gobiernos municipales incumplidores no les puede salir gratis incumplir la ley. Si una administración puede ignorar durante años sus obligaciones legales sin que ocurra absolutamente nada, el mensaje que se transmite es demoledor: que determinadas leyes son poco más que declaraciones de intenciones. Y eso afecta mucho más allá de la protección animal. Debilita el propio Estado de Derecho.
La Administración debe ser la primera en cumplir las normas que ella misma está obligada a aplicar. No puede exigirse a la ciudadanía que respete escrupulosamente las leyes mientras determinadas administraciones públicas pueden decidir si las aplican o no, o cuándo y cómo las aplican.
El llamativo silencio de buena parte de la política
Hay una tercera cuestión que merece una reflexión profunda. La movilización ha tenido un carácter transversal y apartidista. Las personas que gestionan colonias felinas no han salido a la calle para defender a un partido político. Han salido para exigir a todos los ayuntamientos, independientemente de quién los gobierne, que cumplan con sus obligaciones.
Precisamente por eso resulta especialmente llamativo el escaso interés mostrado por buena parte de los grandes partidos políticos ante una movilización que ha conseguido reunir a miles de ciudadanos y ciudadanas en 38 localidades de España.
Salvo el partido animalista y algunos partidos de la izquierda alternativa, no ha existido apoyo político a la convocatoria. Nada más lejos de mi intención que convertir esta cuestión en una disputa partidista. Al contrario. Precisamente porque la reivindicación es transversal y no pertenece a ningún partido, debería haber sido respaldada por todos.
Y aquí aparece una señal preocupante de la distancia que existe entre determinadas estructuras políticas y una sociedad española que ha cambiado. La protección de los animales ya no es una preocupación marginal. Un sector cada más amplio de la ciudadanía considera el bienestar animal una cuestión de responsabilidad pública, convivencia, salud, ética y calidad democrática.
Los partidos deberían tomar nota. Porque existe el riesgo de que la política siga hablando de la sociedad de hace veinte años mientras una parte creciente de la sociedad ya está planteando las preocupaciones de los próximos veinte.
Las gestoras de colonias han demostrado su capacidad
Pero si hay un colectivo al que debemos reconocer especialmente el éxito de esta jornada es al de las personas y entidades gestoras y cuidadoras de colonias felinas. Durante años han realizado una tarea que permanece en buena medida invisible. Han alimentado animales, han capturado gatos para esterilizarlos, han trasladado ejemplares enfermos a clínicas veterinarias, han pagado tratamientos de su propio bolsillo, han identificado nuevas colonias, han cuidado camadas, han atendido emergencias y han intentado mediar en conflictos vecinales.
Y, en demasiadas ocasiones, lo han hecho sin recibir prácticamente nada a cambio. La mayoría son mujeres. Mujeres que dedican horas de su tiempo libre a una responsabilidad que la legislación ha situado en el ámbito municipal. Mujeres que, además, han tenido que soportar en ocasiones incomprensión, enfrentamientos, amenazas, insultos o la sensación de estar completamente solas frente a una Administración que debería haber sido su aliada.
Este domingo han demostrado algo extraordinariamente importante: que ya no están solas y que son capaces de organizarse a escala nacional, al menos para dar respuesta a un problema de carácter nacional. El incumplimiento de la ley.
¿Cual debería ser el siguiente paso?
Y aquí llegamos, en mi opinión, a la cuarta y última conclusión. La movilización no debería terminar cuando se han recogido las pancartas. Se ha demostrado que existe una necesidad objetiva de mantener una organización permanente, plural, independiente y transversal de las personas comprometidas con la gestión de las colonias felinas.
No para convertirse en un partido político. Tampoco para sustituir a las asociaciones existentes. Sino para constituir una auténtica estructura de representación de la sociedad civil, capaz de establecer una interlocución con ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el Gobierno de España.
Porque una movilización puntual puede llamar la atención. Pero una sociedad civil organizada puede cambiar las políticas públicas. Por eso creo que las personas y entidades gestoras de colonias deberían continuar recopilando datos, documentando incumplimientos, compartiendo buenas prácticas, elaborando propuestas, reclamando presupuestos, solicitando información a las administraciones y utilizando todas las vías administrativas y judiciales que el ordenamiento pone a su disposición.
Y deberían hacerlo desde la independencia política que ha caracterizado esta convocatoria. El mensaje debería seguir siendo exactamente el mismo para todos: no importa quién gobierne; importa que cumpla la ley.
Las movilizaciones de este domingo han demostrado que la protección de los gatos comunitarios ha dejado de ser una cuestión invisible. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad legal. Las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas tienen responsabilidades de coordinación y apoyo. El Estado debe contribuir a que la legislación pueda aplicarse eficazmente. Y los partidos políticos tienen la responsabilidad de escuchar a una ciudadanía que reclama políticas públicas acordes con una sociedad que ha evolucionado.
El reto consiste ahora en transformar esa capacidad de movilización en capacidad de interlocución y de incidencia. Porque no estamos ante una petición extravagante ni ante una demanda sectorial carente de respaldo jurídico. Estamos ante algo mucho más sencillo: que las administraciones públicas cumplan la ley.
Y en una democracia, exigir que una ley se cumpla no debería ser una reivindicación revolucionaria. Debería ser lo normal. Lo verdaderamente preocupante es que haya sido necesario salir a la calle en 38 ciudades españolas para recordárselo a quienes tienen la obligación de hacerlo.
