El Ayuntamiento de Valdepeñas ha emprendido acciones legales después de la difusión en redes sociales de un vídeo en el que un vecino afirma haber acabado con la vida de alrededor de 40 gatos, algunos de ellos pertenecientes a colonias felinas del municipio.
El caso ya está siendo investigado por el Seprona de la Guardia Civil, que ha tomado declaración en relación con los hechos. Por el momento, no se ha imputado ningún delito al hombre y tampoco se ha confirmado que todas las muertes que relata en el vídeo hayan ocurrido. La investigación deberá determinar qué animales pudieron haber muerto o desaparecido y en qué circunstancias.
La polémica comenzó a raíz de una grabación difundida por el propio vecino en redes sociales. Según la denuncia presentada por el Partido Animalista PACMA, el hombre asegura haber matado a unos 40 gatos comunitarios que habrían entrado en su propiedad o circulado por las carreteras próximas. También afirma haber atropellado a aproximadamente una decena de animales.
El vídeo ha provocado una fuerte reacción entre las organizaciones animalistas, especialmente por las expresiones utilizadas contra las personas encargadas de cuidar las colonias felinas. PACMA ha pedido además al Ayuntamiento que refuerce la protección tanto de los animales como de las personas que participan en su gestión.
El Ayuntamiento pide que se esclarezcan los hechos
El Consistorio de Valdepeñas ha comunicado que ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean investigados. El Ayuntamiento sostiene que cualquier situación que pudiera constituir un caso de maltrato animal debe ser esclarecida y que, si se acreditan responsabilidades, deberán adoptarse las medidas correspondientes.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha advertido sobre la difusión de acusaciones que considera falsas o difamatorias. El Consistorio ha anunciado que estudiará también posibles acciones legales contra quienes hayan difundido afirmaciones que puedan perjudicar la imagen de la ciudad, de la Administración municipal o de sus responsables.
La posición municipal introduce así dos cuestiones diferentes que deberán mantenerse separadas: por un lado, la investigación sobre las supuestas muertes de gatos; por otro, la posible difusión de afirmaciones falsas sobre la gestión municipal de las colonias.
El Ayuntamiento asegura que dispone de protocolos para el control de las colonias mediante el sistema CES —captura, esterilización y suelta— y que cuenta con un núcleo zoológico público.
La muerte de gatos comunitarios está expresamente prohibida
El caso tiene una particular relevancia porque la legislación española establece una protección específica para los gatos comunitarios. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales define al gato comunitario como aquel que vive en libertad vinculado a un territorio y establece un modelo de gestión basado en métodos no letales y en el sistema CER: captura, esterilización y retorno. La norma es especialmente clara respecto al sacrificio. Su artículo 42 prohíbe matar gatos comunitarios salvo en los supuestos excepcionales previstos legalmente, mientras que el artículo 75 considera infracción muy grave dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados.
Además, la legislación atribuye a las entidades locales la responsabilidad de gestionar las colonias felinas, incluyendo actuaciones de identificación, censado, esterilización y atención sanitaria. Por tanto, si durante la investigación se acreditase que alguno de los animales fue matado deliberadamente fuera de los supuestos permitidos, las consecuencias podrían superar el ámbito de una simple disputa entre un vecino y quienes gestionan una colonia.
Una investigación todavía abierta
La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y, de momento, no existe una resolución judicial que determine que el hombre haya matado los 40 gatos que afirma haber matado. La cifra procede de sus propias declaraciones difundidas en redes sociales y tendrá que ser contrastada por los investigadores.
Esta precisión resulta fundamental. El contenido del vídeo ha generado una enorme indignación, pero corresponde ahora a los investigadores comprobar qué ocurrió realmente, localizar posibles animales desaparecidos, recabar testimonios y determinar si existen pruebas que permitan acreditar las muertes y sus circunstancias.
Mientras tanto, PACMA ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento para abordar la seguridad de las colonias y de las personas encargadas de su cuidado. La organización sostiene que los insultos y expresiones vejatorias dirigidos contra una de las gestoras pueden contribuir a generar un clima de intimidación hacia quienes participan voluntariamente en la gestión de estos animales.
El caso de Valdepeñas vuelve a poner sobre la mesa una realidad que se repite en numerosos municipios: las colonias felinas están sometidas a un marco legal específico y su gestión ya no puede quedar al margen de las obligaciones de las administraciones públicas.
Ahora será la investigación del Seprona la que determine si detrás de las afirmaciones difundidas en redes existe realmente una actuación contra los gatos comunitarios y, en su caso, qué responsabilidades pueden derivarse de ella.
