Un juzgado de Lucena ha puesto bajo investigación la gestión municipal de una colonia felina situada en el entorno de la Basílica Paleocristiana de Coracho, donde viven más de 40 gatos. La decisión judicial incluye una medida especialmente relevante: el Ayuntamiento deberá garantizar el suministro de comida y agua a los animales mientras se esclarecen los hechos.
El Tribunal de Instancia de Lucena ha acordado incoar diligencias previas después de una denuncia presentada por una cuidadora vinculada a una asociación dedicada a la gestión de colonias felinas. El procedimiento pretende determinar si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito contra los animales.
La denunciante había asumido durante aproximadamente un año y medio la alimentación y atención de la colonia. En julio comunicó al Ayuntamiento que dejaría de hacerse cargo de los animales a partir del 1 de agosto, alegando que no podía continuar asumiendo personalmente los gastos y responsabilidades derivados de su cuidado.
El juzgado reclama alimento, agua y atención veterinaria
La resolución judicial requiere al Ayuntamiento que proporcione alimento y agua a los gatos que lo necesiten y que, cuando sea posible, recoja a los animales que se encuentren extraviados o abandonados para trasladarlos a un centro de protección animal.
Además, el Consistorio deberá permitir el acceso de la asociación denunciante al recinto para que pueda continuar atendiendo a los animales y tendrá que aportar al juzgado la documentación relativa al contrato de gestión y mantenimiento de las colonias felinas.
La investigación incluye también la atención sanitaria. El juzgado ha solicitado información sobre la existencia de un servicio de urgencia operativo las 24 horas para la recogida y atención veterinaria de los animales y ha encargado al Seprona de la Guardia Civil una inspección de la colonia para conocer directamente su estado.
La denuncia sostiene además que durante unos trabajos de desbroce realizados en julio fueron destruidos refugios, comederos y bebederos de la colonia. La denunciante señaló incluso la posible desaparición y muerte de un gato lactante. Estos extremos forman parte de los hechos que deberán ser investigados y no existe todavía una resolución judicial que determine responsabilidades.
Los ayuntamientos tienen obligaciones legales que no pueden eludir
El caso de Lucena adquiere especial relevancia por el marco establecido por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La normativa atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y establece que deben desarrollar programas específicos para las colonias felinas. Entre sus obligaciones figuran el control poblacional, la esterilización, la identificación y la atención sanitaria de los animales que lo necesiten.
La colaboración de asociaciones y personas cuidadoras forma parte del modelo previsto por la legislación, pero esa colaboración no significa que la Administración pueda trasladar a voluntarios la responsabilidad que corresponde al municipio.
Y precisamente ahí se encuentra una de las cuestiones fundamentales del caso de Lucena: determinar si la estructura municipal existente garantiza realmente la atención de los animales o si, en la práctica, una parte de esa responsabilidad ha terminado recayendo sobre particulares.
Un conflicto que llega después del anuncio municipal de iniciar la gestión de colonias felinas
La situación se produce además después de que el propio Ayuntamiento anunciara la puesta en marcha de un nuevo servicio municipal de gestión y protección animal, destinado a adaptar la estructura local a las obligaciones establecidas por la normativa.
El Consistorio había reconocido la existencia de más de 60 colonias felinas en el municipio y planteado una estructura técnica específica, con personal veterinario y administrativo, además de un sistema de seguimiento de las colonias y de los animales mediante el método CER: captura, esterilización y retorno.
El Ayuntamiento también ha desarrollado actuaciones de esterilización y mantenimiento de colonias, por lo que la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió específicamente en la colonia de Coracho y si las actuaciones municipales fueron suficientes.
El Consistorio, por su parte, niega que haya dejado de alimentar a los animales. El alcalde en funciones ha asegurado que durante agosto se proporcionó alimento tanto a esta colonia como al resto de las existentes en Lucena y que los servicios jurídicos municipales están recopilando la documentación solicitada por el juzgado.
Por tanto, será la investigación la que determine si existió alguna actuación irregular o responsabilidad penal. Pero la medida adoptada por el juzgado tiene ya un efecto inmediato: los gatos de la colonia de Coracho deberán disponer de alimento y agua mientras se esclarece la situación.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta a numerosos municipios españoles: la gestión de las colonias felinas ya no puede depender exclusivamente de la buena voluntad y los recursos económicos de los vecinos que las cuidan.
La legislación ha situado a los ayuntamientos en el centro de esta responsabilidad. Y la decisión judicial de Lucena demuestra que, cuando esa gestión es cuestionada, las obligaciones municipales pueden terminar siendo examinadas también en los tribunales.
