La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado una indemnización de 4.000 euros para las dos propietarias de una gata que falleció después de una intervención quirúrgica, pese a que llevaban conviviendo con ella poco más de cinco meses. La resolución aplica el artículo 333 bis del Código Civil, introducido por la Ley 17/2021, que reconoce expresamente el derecho a recibir una indemnización por el daño moral causado cuando la muerte de un animal de compañía es consecuencia de una lesión.
La Justicia vuelve a pronunciarse sobre el reconocimiento del vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía y las consecuencias indemnizatorias derivadas de su muerte. La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado que las dos propietarias de una gata fallecida tras una intervención quirúrgica tienen derecho a percibir 4.000 euros en concepto de daños morales, a razón de 2.000 euros para cada una.
La resolución es la sentencia número 882/2026, de 14 de octubre, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que estima parcialmente el recurso presentado por el veterinario contra una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia, de fecha 2 de febrero de 2024.
El caso se remonta a marzo de 2019, cuando la gata Prima, una europea común, falleció después de ser sometida a una intervención quirúrgica en un centro veterinario de Murcia. Sus propietarias habían acogido al animal en octubre de 2018 y formalizado su adopción en diciembre, por lo que la convivencia había durado aproximadamente cinco meses. Tras el fallecimiento, ambas reclamaron judicialmente los perjuicios derivados de la asistencia veterinaria. El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó al profesional a pagar 6.919,12 euros, además de intereses y costas.
La duración de la convivencia no determina el valor del vínculo afectivo
Uno de los argumentos del veterinario en su recurso fue cuestionar la indemnización por daños morales. Entre otras cuestiones, alegó que las propietarias apenas habían convivido cinco meses con la gata y que no existían pruebas suficientes para justificar la cantidad reconocida. La Audiencia Provincial rechaza este planteamiento y considera acreditado que existía un vínculo afectivo significativo entre las mujeres y el animal.
Para llegar a esta conclusión, los magistrados valoran distintas circunstancias: la dedicación que prestaban a la gata, el tiempo que compartían con ella, su implicación en actividades de protección animal y, especialmente, los esfuerzos realizados para intentar salvar su vida cuando su estado empeoró después de la intervención.
Durante los casi tres días transcurridos entre la operación y el fallecimiento, las propietarias buscaron asistencia de otros profesionales veterinarios, realizaron consultas incluso durante la madrugada y facilitaron distintas pruebas diagnósticas y hospitalización. Después de la muerte también solicitaron una necropsia, un análisis toxicológico y un informe pericial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
La Sala considera que el conjunto de estas circunstancias acredita el sufrimiento ocasionado por la pérdida y que el periodo relativamente breve de convivencia no impide reconocer la existencia de un daño moral indemnizable.
El artículo 333 bis del Código Civil, fundamento jurídico de la indemnización
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la aplicación del artículo 333 bis.4 del Código Civil, incorporado mediante la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales. Este precepto establece expresamente: «En el caso de que la lesión a un animal de compañía haya provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica, tanto su propietario como quienes convivan con el animal tienen derecho a que la indemnización comprenda la reparación del daño moral causado».
La reforma supuso un cambio importante en el tratamiento jurídico de los animales, al reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad y establecer que el régimen jurídico de los bienes y las cosas únicamente puede aplicárseles cuando resulte compatible con su naturaleza.
La Audiencia Provincial también toma en consideración el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía.
Aunque los informes médicos aportados por las demandantes presentaban algunas limitaciones probatorias, el tribunal considera que las circunstancias acreditadas permiten reconocer el perjuicio moral sufrido. Por ello, mantiene los 4.000 euros establecidos en primera instancia.
La indemnización total se reduce al excluir los gastos del informe pericial
La Audiencia Provincial sí estima una parte del recurso del veterinario en relación con los 2.420 euros correspondientes al informe pericial veterinario utilizado durante el procedimiento. El tribunal entiende que ese gasto debe recibir el tratamiento procesal previsto en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de un dictamen aportado como prueba en el procedimiento judicial, y no puede incorporarse como un perjuicio patrimonial independiente dentro de la indemnización.
Como consecuencia, la cantidad total que deberá abonarse queda fijada en 4.499,12 euros, de los cuales 4.000 corresponden a los daños morales reconocidos a las propietarias. La responsabilidad contractual del veterinario por la actuación profesional no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, por lo que la Audiencia no tuvo que volver a examinar esa cuestión.
La resolución también elimina la condena al pago de las costas de primera instancia y no impone las correspondientes a la apelación.
Un reconocimiento jurídico del sufrimiento causado por la pérdida de un animal
Esta resolución tiene interés porque aplica de manera concreta una de las modificaciones más significativas introducidas por la Ley 17/2021: el reconocimiento del daño moral que puede ocasionar la muerte de un animal de compañía. El artículo 333 bis.4 no establece una indemnización automática ni fija cantidades predeterminadas. Corresponde a los tribunales valorar las circunstancias de cada caso, la existencia del daño y las pruebas aportadas.
En este procedimiento, la Audiencia Provincial considera que el vínculo afectivo puede quedar suficientemente acreditado aunque la convivencia haya sido relativamente corta y que la indemnización no debe depender exclusivamente del tiempo transcurrido desde la adopción.
La sentencia representa así una aplicación relevante del nuevo marco jurídico de protección de los animales, al reconocer que la muerte de un animal de compañía puede ocasionar un perjuicio moral indemnizable a quienes convivían con él.
La resolución contempla la posibilidad de interponer recurso de casación, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos.
